El Parlamento Europeo se curó ayer en salud y aplicó sin contemplaciones la decisión del Tribunal Supremo de denegar a Oriol Junqueras la condición de eurodiputado. A media tarde, a través de un comunicado, el equipo del presidente de la institución, David Sassoli, que el pasado 6 de enero reconoció al líder de ERC como europarlamentario, se enmendó a sí mismo y anunció que da por expirado su mandato.

La decisión dejará una esquizofrénica imagen el próximo lunes en Estrasburgo, donde el pleno del Parlamento Europeo, según señalaron ayer, arrancará reconociendo que el mandato de Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados empezó el pasado dos de julio, aplicando así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); acto seguido, se dará por expirado el mandato de Junqueras con fecha 3 de enero, día en el que fue inhabilitado por la Junta Electoral Central (JEC), aplicando así el mandato del TS, contradictorio con el del TJUE.

El Parlamento Europeo trató así de nadar y guardar la ropa, dando por buena la decisión del Supremo español, sin preguntar al Tribunal de la UE si la aplicación de Marchena y los suyos era correcta. Varios juristas señalaron ayer que, en caso de duda, la Eurocámara podía haber elevado una pregunta a los jueces de Luxemburgo, que en tal caso habrían tenido que entrar a valorar si los autos del Supremo se ajustaban a sus decisiones o no. La tajante negativa de Sassoli a hacerlo deja ahora un estrecho margen de actuación a la defensa de Junqueras.

Suplicatorio en marcha

La decisión del Parlamento Europeo tampoco parece un gran augurio para el futuro de Puigdemont y Comín. Ellos sí que podrán participar como eurodiputados de pleno derecho en el pleno del próximo lunes, pero está por ver hasta cuándo. Ayer, el juez Pablo Llarena, que sigue siendo el responsable de la pieza de los dirigentes catalanes exiliados, decidió mantener la batalla por la extradición. Para ello, no tuvo más remedio que devolver la pelota, al menos durante un tiempo, a la arena política y pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo.

Así, tendrán que ser los 705 eurodiputados que queden tras el Brexit –ahora son 750– los que decidan si retiran o no la inmunidad a Puigdemont y Comín. Antes de eso, una comisión del Parlamento tendrá que estudiar el caso, escuchar a los propios afectados y emitir una opinión, que luego podrá ser o no secundada por el pleno de la institución. El proceso completo suele durar un mínimo de cinco o seis meses, y en el caso de que los europarlamentarios levantasen la inmunidad, todavía quedaría por resolver la euroorden, que quedaría en manos de los tribunales belgas.