La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó ayer al Gobierno de Myanmar que «adopte todas las medidas que estén en su poder» para evitar que se produzca un genocidio contra la minoría musulmana de los rohinyá.

La CIJ se pronuncia así tras la denuncia presentada por Gambia, país africano que acusa al Gobierno birmano, que dirige actualmente la otrora activista humanitaria Aung San Suu Kyi, de haber violador la Convención de Naciones Unidas para la prevención y la represión del crimen de genocidio.

La Corte de La Haya la más alta instancia judicial de la ONU, avala la denuncia del Ejecutivo gambiano e insta al Gobierno birmano a que le entregue en un plazo máximo de cuatro meses un informe con las medidas tomadas para ejecutar su sentencia, y que actualice el informe cada medio año.

El pasado diciembre, durante la vista preliminar, fue precisamente la propia Suu Kyi la encargada de defender la posición de su Gobierno. La líder birmana, en su día considerada un faro mundial en la defensa de los derechos humanos, ha sido duramente criticada por minimizar la campaña de sangrienta represión con que el Ejército birmano respondió en el verano de 2017 a una serie de ataques de milicianos rohinyás en el estado de Rajine. Como resultado de la misma, más de 700.000 de ellos huyeron y se refugiaron en el vecino Bangladesh.

La comisión de investigación de la ONU llegó a la conclusión, un año después, de que el Ejército birmano tuvo una «intención genocida».

Determinación de Gambia

Gambia, con su ministro de Justicia, Aboubacarr Tambadou, a la cabeza, presentó en noviembre un recurso ante la CIJ denunciando a Myanmar por incumplir la Convención sobre Genocidio que prohíbe esta práctica y de la que el país asiático es parte desde 1956.

El recurso, resultado de la implicación personal de Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohinyá en Cox's Bazar (Bangladesh) y su experiencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por el genocidio en el país africano, contó con el respaldo de 57 estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

Es la primera vez que un país denuncia a otro sin una relación directa con los presuntos crímenes sustentándose en la Convención sobre el Genocidio.

El Ejército birmano anunció que seguirá las órdenes del Gobierno en lo que decida sobre las medidas cautelares exigidas por el CIJ, indicó un portavoz de las fueras armadas, el general de brigada Zaw Min Tun.

Esperanza y reservas

Los campamentos de refugiados rohinyás de Bangladesh recibieron con esperanza de cambio la decisión de la CIJ.

No obstante, el líder de la Sociedad de Rohinyás de Arakán para la Paz y los Derechos Humanos, Abdur Rahim, quien calificó de positivo el fallo, añadió que «dudo de que ellos (Myanmar) lo implementen, porque China siempre los respaldará. Ahora, el deber de la comunidad internacional es presionar a Birmania para que implemente la orden», in&dcThree;sistió.