De seguir el razonamiento del Gobierno español, el desplazamiento de miles y miles de personas en horas punta, muchas en transporte público, sería compatible con el «quédate en casa», aunque a quienes se dedican a labores esenciales que no se pueden realizar por teletrabajo –sanidad, cuidados, alimentación, limpieza...– se van a sumar quienes trabajan en la construcción y en algunas industrias.

Está claro que hay grados a la hora de establecer el confinamiento. No es lo mismo poder salir a correr que tenerlo prohibido y hay mucha diferencia entre mantener a los más pequeños todo el día en casa o permitir que den un paseo durante una hora.

Lo que está a debate es qué repercusiones puede tener la desescalada, cómo debe hacerse, si tiene que afectar a toda la población o a todo el territorio al mismo tiempo.

Por eso extraña que ayer el lehendakari Iñigo Urkullu aprovechara la falta de «certezas» para criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Necesitamos gestionar certezas y, especialmente, comunicar certezas a la sociedad. Certeza es un conocimiento seguro y claro, que no genere dudas. Esta es la clave de nuestra coordinación», afirmó.

Urkullu no estaba cuestionando el fondo de las medidas adoptadas por Sánchez, sino la forma en la que Madrid se coordina con Lakua, que tampoco es capaz de ofrecer muchas «certezas» al personal de Osakidetza cuando le reclama mayores medidas de seguridad.

El presidente catalán, Quim Torra, fue más incisivo al advertir a Sánchez de que «debe ser consciente de la responsabilidad que asume» al permitir que parte de la población vuelva al trabajo, porque ve un enorme riesgo de rebrote y segundo confinamiento.

«Stop and go»

Es lo que, usando la terminología anglosajona, se denomina «stop and go»: levantar el confinamiento, aunque sea de forma gradual, para volver a encerrarse si las cosas van mal. Sobre esto se está debatiendo en la prensa italiana, si bien allí el Gobierno de Giuseppe Conte ya ha prolongado el cierre de las actividades no esenciales hasta el 3 de mayo.

El riesgo de que en esa situación surjan nuevos brotes no es menor, a juicio de muchos expertos, porque hay más incertidumbres que certezas en torno al SARS-CoV-2. De entrada, el virus no tiene fecha de caducidad: no sabemos si desaparecerá en verano y si, en ese caso, volverá en invierno.

Tampoco sabemos cuánta gente se ha inmunizado hasta ahora. En Euskal Herria, apenas se han detectado cerca de 15.000 contagios, a los que, desgraciadamente, ya hay que restar más de 1.000 fallecidos. En este momento, calcular que un 15% de la población habría pasado la enfermedad con síntomas leves o asintomática es como decir que es el 95%: no tiene ningún valor científico a falta de test masivos o de un análisis prolongado entre una muestra significativa.

También será difícil para el Gobierno de Sánchez y para el de Urkullu optar por un desconfinamiento gradual por zonas. Ninguno de los dos decretó el cierre de los focos más activos, como Madrid o Gasteiz, cuando era más que evidente que había que hacerlo. Sí lo hizo la Generalitat catalana, que decretó el confinamiento estricto de la zona de Igualada –la Conca d’Òdena–, el 12 de marzo.

Otra de las posibilidades que barajan en Italia es la de permitir salir a la calle por franjas de edad, comenzando por la comprendida entre los 18 y 65 años.