Quizá sea el momento más complejo de la crisis sanitaria. No el más complicado, pero sí el más complejo. Los números mejoran y la cuarentena pesa, con mayor o menor tonelaje, sobre las espaldas de todos. Ambos elementos empujan a pensar que toca empezar a desconfinar. Al mismo tiempo, no tenemos ni idea de cuánta gente ha pasado el coronavirus entre nosotros; y los 361 positivos de ayer en Hego Euskal Herria aumentan las dudas. Sabemos que la subida se debe en parte a que se realizan más test, pero eso no anula la noticia de base: esas 361 personas se contagiaron en pleno confinamiento.

Del mismo modo, la presión sobre los hospitales se ha aliviado de forma notable, pero eso no implica que el goteo de nuevos ingresos haya cesado. En Nafarroa, en la última semana ha habido 163 nuevos ingresos. En el mismo periodo, en la CAV se han dado 646 altas hospitalarias y han fallecido 168 personas, pero el número total de hospitalizados se ha reducido en 308 pacientes. La evolución es buena, pero hay una cifra no desdeñable de nuevos ingresos.

Hace un mes el escenario era tremendamente complicado, pero la salida apenas admitía discusión. A casa. Había que frenar de raíz la transmisión del virus. Pero las decisiones resultan más discutibles cuando los indicadores empiezan a dar un respiro. Más cuando bajo el paraguas de la alarma se abren paso agendas que poco tienen que ver con la crisis sanitaria. Ayer, por ejemplo, se iniciaron los embargos por la sentencia de «herriko tabernak», en un contexto en el que ni siquiera rige el derecho a la manifestación.

Agendas al margen, la decisión sobre los próximos pasos es compleja en sí misma. Alargar el confinamiento sin un horizonte conocido puede suponer un desgaste importante para un Gobierno español que ha decidido, a su cuenta y riesgo, tomar el mando centralizado de la crisis. Los aciertos y los errores son suyos. Al mismo tiempo, relajar ahora las condiciones y volver al confinamiento estricto de aquí a un mes puede ser un mazazo. Quizá sean estas las tensiones que expliquen los incomprensibles bandazos a cuenta de la salida de los menores de 14 años.

Preparaciones en la CAV

En Nafarroa, el Gobierno de María Chivite asume el mando de Pedro Sánchez sin mayores molestias, más allá de la propuesta de convertirse en comunidad piloto para el desconfinamiento. En la CAV, todo viene más enrevesado. El Gobierno exige que las decisiones sobre la desescalada se puedan tomar en Gasteiz, y ayer el PNV amenazó con retirarle el apoyo a Sánchez si no entra a un esquema de «diálogo y coordinación» con Lakua.

EH Bildu coincide en las demandas descentralizadoras, pero critica, junto a toda la oposición de la CAV, el proceder del Gobierno de Iñigo Urkullu. De hecho, hasta la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, socia del PNV en el ejecutivo, pidió el martes una mesa de partidos.

El portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, anunció el martes un «Plan para la Transición a una Nueva Normalidad», con mayúsculas incluidas, pero a no ser que ese plan se acuerde con Sánchez o se pacte con el resto de fuerzas para intentar hacer fuerza en Madrid, corre el riesgo de quedar en poco más que un brindis al sol.

Erkoreka consideró que a la salida de los menores deben seguir otras medidas «inmediatas», como la apertura escalonada de comercios y el incremento de la actividad industrial. Ayer, Educación tampoco descartó un regreso a las aulas en algunos cursos. Pero nadie ha aclarado en base a qué estimaciones se propone esta desescalada.

Puede ser una propuesta que, previendo su fracaso, busque sacar ventaja política. O podría ser una apuesta por una vía parecida a la sueca, que busca alcanzar la inmunidad colectiva sin confinamiento generalizado, protegiendo a los grupos de riesgo. Llevan casi 2.000 fallecidos, frente a 384 en Dinamarca, 185 en Noruega y 149 en Finlandia. Es una vía arriesgada, y si obliga a un nuevo confinamiento en poco tiempo puede tener efectos devastadores tanto en la salud pública como en la economía. Pero es lógico que sea una opción a contemplar. Eso sí, si fuese la vía elegida, lo mínimo sería comunicarlo.

Por último, podría ser que Lakua estime que un gran porcentaje de los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hayan pasado ya el virus, de manera que hayan generado anticuerpos y se considere que son inmunes, algo sobre lo cual los científicos todavía tienen sus dudas.

Conocer la expansión real

Se desconoce, sin embargo, a partir de qué estimación hacen sus cálculos los Gobiernos de Gasteiz y Madrid. La herramienta para conocer el grado de seropositivos en una comunidad son los estudios de seroprevalencia, realizados con los test rápidos de anticuerpos, cuya fiabilidad genera dudas. El que impulsa en el Estado español el Instituto Carlos III arrancará en Hego Euskal Herria el próximo lunes, pero apenas se tomarán unas 7.000 muestras. Para hacernos una idea, en la hoja de ruta propuesta por el comité de expertos de la Generalitat, consideran que para conocer la inmunidad alcanzada en Catalunya –cerca de siete millones de habitantes– habría que hacer un estudio con 44.660 muestras.

En este sentido, que el porcentaje de positivos que están detectando los test rápidos sea tan bajo –un 10% en la última semana– quizá no acabe de ser una gran noticia. Si fuesen muchos los que han pasado ya el Covid-19, la lógica dice que deberían registrarse más positivos.

En una entrevista publicada ayer en “El Confidencial”, el virólogo Andrea Crisanti, artífice del éxito de la región italiana del Véneto, señalaba que cree que en Italia apenas ha sido infectado el 2,5%. Es muy poco. Un estudio publicado por la American Medical Association recuerda, a su vez, que aquellas ciudades que se precipitaron en levantar las medidas de contención en la epidemia de gripe de 1918 fueron las que sufrieron segundos picos más mortíferos.

Al mismo tiempo, si el nivel de inmunidad es tan bajo, es difícil pensar en mantener el confinamiento estricto hasta lograr la vacuna o ese mínimo del 60% de inmunidad. Sería cosa de muchos meses, en el mejor de los casos. La pregunta, por tanto, quizá no sea si hay que desconfinar o no, sino cómo se va a hacer, cuándo y en base a qué estimaciones. Y también si los gobiernos, en todas las instancias, van a trabajar para que la ciudadanía asuma y comparta los riesgos que implicará cualquiera de las decisiones. Porque no hay opciones sin riesgo.