La gestión de la epidemia que está realizando este país abre las puertas a un escenario que se parece muy poco al que se ha levantado en Euskal Herria.

El Gobierno de Katrín Jakobsdóttir (Los Verdes de Izquierda) tenía claro que el objetivo era «garantizar que las infraestructuras esenciales del país, y primordialmente la Sanidad islandesa, sean capaces de hacer frente a esa mayor carga que la enfermedad inevitablemente causará».

Lo ha logrado sin decretar el confinamiento general de sus 360.000 habitantes y sin cerrar guarderías ni escuelas de primaria. Medida esta última que ha salido reforzada por los resultados de una de las campañas masivas de test, que reflejó el débil papel de los más pequeños en la transmisión del Covid-19, ya que ningún menor de 10 años dio positivo.

Salvo muy pocas excepciones, el término «casos confirmados» no tiene el mismo significado en Islandia que en el resto del mundo, porque ha hecho pruebas de diagnóstico al 12,7% de la población, 44.468 personas. Es decir, 128 test por cada 1.000 habitantes.

Comenzó a realizarlos un mes antes de detectar el primer caso. A partir del 31 de enero se hicieron test a todas las personas que presentaban síntomas y a aquellas que habían viajado a las zonas de riesgo, que entonces eran, además de China, los Alpes austriacos, italianos y suizos.

Se testó a 9.000 personas, el 13.3% de las cuales había resultado infectado para finales de marzo.

La segunda campaña comenzó el 31 de marzo y estaba abierta a quienes no presentaban síntomas o tenían síntomas leves. Con más de 30.000 personas analizadas, la proporción de casos positivos quedó entre 0,6% y 0,8%.

En total, el 43% de los positivos corresponde a personas asintomáticas. Y esta es otra lección magistral que llega de «la tierra de hielo»: tanto las personas con síntomas como las asintomáticas han ido pasando la cuarentena en su domicilio, evitando que la epidemia se propagara sin control.