En el debate sobre cuál debe de ser el rol de las naciones sin Estado en las diferentes políticas sectoriales suele haber un grado de acuerdo amplio en torno a la cultura, la lengua, las señas de identidad e incluso los niveles de protección social en el nivel nacional. Esto desaparece cuando hablamos de «seguridad nacional», materia natural de «consenso nacional» en los Estados democráticos. El hecho es que las naciones sin Estado tienen todo el derecho y la legitimidad política para pensar y desarrollar sus propios criterios en materia de defensa, puesto que tienen sus propias necesidades también en esta materia. Y es que, como escribía Joan Fuster, «toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros».

Este planteamiento es contestado a veces mediante un ejercicio de wishful thinking que puede tomar dos caminos: la falta de necesidad o el futuro perfecto. La falta de necesidad evita un análisis realista del entorno estratégico a medio y largo plazo. El del futuro perfecto pospone todo debate para cuando se alcance un Estado propio. La realidad es que la necesidad de planteamientos propios en política de defensa existe tanto si se tiene de Estado como si no.

Cataluña y Euskadi han desarrollado capacidades en prácticamente cada dominio de seguridad y emergencias que el Estado no se ha reservado. Ello ha puesto de manifiesto las ventajas de la gestión de las emergencias y la seguridad en el mismo ámbito de la nación sin Estado. La subsidiariedad también funciona aquí. En el nivel autonómico se han desarrollado herramientas efectivas hasta donde la arquitectura institucional y el reparto de competencias lo han permitido. Los stoppers del actual marco institucional están en la Defensa y la Inteligencia.

La seguridad nacional no es un concepto estático, ha evolucionado a un concepto más amplio en el que se incluyen dominios que han ido creciendo en importancia: la seguridad energética, el medio ambiente, el ciberespacio o las redes sociales.

Plantear escenarios que afecten a la seguridad nacional depende de varios factores y para los países del entorno europeo occidental podemos observar una serie de tendencias que los afectan en general: el auge de los conflictos híbridos, el aprovechamiento o creación de vulnerabilidades en las redes y los sistemas de información, el impacto desproporcionado de los esfuerzos de desinformación y propaganda en sociedades hiperconectadas, situaciones de escasez energética o recursos críticos, epidemias por armas biológicas o enfermedades nuevas, el impacto del cambio climático y sus efectos, redes criminales, terrorismo yihadista. De todos estos escenarios, aparentemente solo el primero está vinculado al uso de instrumentos militares. Esto no puede llevar a ignorar el crucial papel del principio de disuasión y un análisis histórico de los conflictos, y el rol de los recursos dedicados a la defensa en el resto de escenarios.

En el caso español, el mayor obstáculo para gestionar de forma única desde el Estado este concepto de seguridad nacional es muy sencillo: las herramientas están a medias con las autonomías que se reivindican como naciones. Lo mismo puede decirse a la inversa, el único obstáculo para una gestión integral de la seguridad en Cataluña y Euskadi es que hay herramientas a medias, con la otra mitad en manos del Estado. Esta no es una situación atípica. No hay casi ningún Estado, por muy federal y descentralizado que sea, que deje sus políticas de Defensa y el mando de las Fuerzas Armadas a entes sub-estatales (...).

Una pandemia como el Covid-19 es una crisis de una intensidad, duración y alcance tales, que puede ser calificada de «shock exógeno». Si bien el riesgo de pandemias estaba comúnmente contemplado en los distintos documentos de estrategia de seguridad de la mayoría de Estados occidentales, no parece ser que en ninguno de ellos se dieran pasos muy firmes para preparar una respuesta coherente. Visto lo errático de la reacción frente al Covid-19, entendemos que esta crisis deberá causar un cambio en el modelo de políticas de seguridad y emergencias. Este cambio, sin embargo, para las naciones sin Estado no tiene por qué ser en aras de desarrollar una mayor capacidad. La paradoja es que, en el momento de hacer frente a una crisis grave, a las administraciones autonómicas, responsables de haber desarrollado los cuerpos de seguridad y emergencias, así como el sistema sanitario, se las aparta de la toma de decisiones.

La posibilidad de desarrollar una verdadera política de seguridad nacional propia, en definitiva, para las naciones sin Estado es una quimera. Solo los equilibrios entre los actores políticos estatales y de las nacionalidades históricas pueden suponer un freno a la acción del Gobierno del Estado, pero en situaciones de crisis graves, la suspensión de derechos y controles al Gobierno va a alterar estos equilibrios en favor del Estado. Es más, tal y como ha ocurrido con la presente crisis por la pandemia de la covid-19, el Estado ejerce los mecanismos para arrebatar el control de las políticas propias de seguridad y emergencias que algunas comunidades puedan desarrollar, caso de las policías autonómicas, e imponer medidas que contravienen el juicio de los gobiernos de dichas autonomías. Por todo ello, las naciones sin Estado que quieran tener capacidad de desarrollar políticas de seguridad nacional propias, las cuales son al fin y al cabo herramientas de Estado, no tienen más remedio que dejar de ser naciones sin Estado para convertirse en Estados.

(<https://telesforomonzonlab.eus/covid-19-gogoeta-gunea/>, artículo completo).