Cuatro meses después del colapso del vertedero de Zaldibar, donde todavía permanecen sepultados Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, se ha filtrado el informe preliminar de la Ertzaintza sobre la catástrofe. De lo conocido se deduce que la investigación no ha añadido muchos datos nuevos; sin embargo, el informe sí que cambia la calificación de las anomalías detectadas en el vertedero, que en un principio fueron consideradas por los políticos como irrelevantes y que ahora la Unidad de Delitos Medioambientales de la Ertzaintza las considera indicios de varios delitos. Y esos indicios apuntan en dos direcciones diferentes.

Por una parte, están todas las irregularidades relacionadas con la existencia y el manejo de los residuos peligrosos que fueron señaladas en sucesivas inspecciones y sobre las que no se actuó. Apuntan a que los gestores del vertedero podrían haber cometido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por poner en riesgo grave el entorno natural y la salud de las personas, y otro contra los derechos de los trabajadores. Por otra parte, la reforma del Código Penal de 2015 considera delito no solo el vertido sino también el manejo y transporte de residuos peligrosos, así como la ausencia de vigilancia y control sobre los mismos. Una responsabilidad que recae directamente sobre varios departamentos del Gobierno de Lakua que no vigilaron y que cuando efectuaron controles, no tomaron ninguna de ninguna medida para terminar con las malas prácticas. La orden que dictó Josu Jon Imaz cuando era consejero en el año 2000 no sirve de excusa, pues carece de entidad frente a normas legales superiores.

El informe de la Ertzaintza apunta responsabilidades penales a ambos lados de esa virtuosa colaboración público-privada que está detrás del colapso del vertedero de Zaldibar. El relato que intenta calificar lo ocurrido como catástrofe natural ya no se sostiene. Ha llegado el momento de esclarecer también las responsabilidades políticas.