El estado de alarma sanitaria ha provocado un parón prácticamente total en la tramitación de peticiones de asilo en la Unión Europea. En abril no llegaron ni a 9.000 las personas que cursaron una demanda de asilo en la UE, lo que supone un descenso con respecto a los registros de enero de este año de nada menos que del 87%. A pesar de la caída en el número, la procedencia de los demandantes apenas ha cambiado y la mayoría continúan siendo ciudadanos de países con conflictos más o menos abiertos. Encabezan los registros Siria, Afganistán, Irak y Turquía.

Lo que más llama la atención es que a pesar del descenso en el número de demandas de asilo, la cantidad de peticiones resueltas en primera instancia también ha caído más de un 35%, con lo que el número total de expedientes pendientes apenas se ha reducido en un 4% en abril con respecto al mes anterior. Da la impresión de que la Administración encargada de gestionar estos trámites también se han tomado un descanso aprovechando la coyuntura. Sin embargo, cuando hay acumulados sin resolver casi 500.000 expedientes de personas que huyen de sus países de origen porque temen por su integridad, a consecuencia de guerras y persecuciones, un poco más de diligencia haría justicia a ese compromiso que tanto se repite desde instancias europeas de ser un lugar que promueve y protege los derechos humanos, entre los que se cuenta el derecho al asilo.

Sin duda, la principal prioridad estos últimos meses ha sido detener la expansión del covid-19, lo que ha llevado a tomar medidas drásticas que han dejado bloqueadas por el camino a muchas personas que buscaban refugio en Europa. Que hayan llegado menos personas buscando asilo no significa que las situaciones de necesidad han desaparecido. Del mismo modo, sigue vigente la exigencia de que haya vías seguras para que la gente pueda alcanzar Europa. La pandemia no ha cambiado las prioridades.