Los colectivos Alokairu, Inquilinos Azora y Stop Desahucios solicitaron ayer una reunión urgente con el consejero de Vivienda del Gobierno de Lakua, Iñaki Arriola, para tratar la situación de distintas promociones de vivienda de protección oficial (VPO) en Gipuzkoa como consecuencia de la irrupción de fondos buitre en las mismas.

Los afectados reclaman que se mantengan los alquileres sociales en todas las VPO una vez finalice el periodo de protección vigente. Recuerdan que muchas de las personas inquilinas en esta situación provienen de las listas de Etxebide y ven con preocupación su futuro ante «la subida de los alquileres protegidos a precios de mercado o la venta de sus viviendas», y que al no poder «pagar ni acceder a un préstamo» sean finalmente desalojados.

Según recordaron, los plazos de protección concluirán en julio de 2021 en Lasarte-Oria, en abril de 2022 en Errenteria, y en el caso de Irun, Zumaia y Tolosa lo harán en julio de 2021, noviembre de 2022 y enero de 2026.

«Es la obligación del Gobierno Vasco garantizarles el futuro y evitar al especulación y el negocio de promotores privados en las viviendas públicas», manifestaron. Citaron el caso de Gestión de Arrendamientos y Alquileres, propietaria de las VPO de Lasarte, «que está aprovechando la renovación de los contratos de alquiler para fijar la subida del 50% de los alquileres actuales desde agosto de 2021».

En este contexto, denunciaron la «actuación agresiva» del fondo Testa-Blackstone para con los inquilinos de Benta Berri, en Donostia, «con la interposición de demandas de desahucio por impago de cuotas a varios vecinos deudores de buena fe» y el intento de desahucio de Victoria, cuyo desalojo, previsto para el día 21, se evitó «gracias a las movilizaciones y la intermediación de la Alcaldía».

Prevenir desalojos

Los afectados recordaron que, más de cinco años después de la aprobación de la Ley de Vivienda, no se han tomado medidas «reales» para contener y regular la escalada en el precio del alquiler en el mercado privado ni para movilizar la vivienda deshabitada.

En su emplazamiento a Arriola, destacaron la necesidad de «garantizar la protección y el régimen de alquiler protegido a las promociones en esta situación». Reclaman, asimismo, el desarrollo de un protocolo preventivo antidesahucios «como el de Victoria o los que puedan instar por impagos como consecuencia de la pandemia o al finalizar las protecciones». Y exigen, entre otras cuestiones, la renovación de los contratos por siete años y con subidas de alquiler vinculadas al IPC.