El ejercicio de la libertad de prensa en la vía pública, que legisló la IIª República en 1881, acaba de ser restringido en el país de los Derechos Humanos por medio de la Ley de Seguridad Global. Si hasta ahora la acreditación era un requisito indispensable para acudir a las ruedas de prensa del gobierno, desde este pasado viernes también lo será para cubrir concentraciones o manifestaciones en las calles. Así lo ha explicitado el ministro de Interior, que ha advertido a los periodistas que lo mejor para garantizar su seguridad, es decir, para no ser ni apaleados ni gaseados ni detenidos por la policía, es presentarse con antelación en la prefectura y pedir autorización para ejercer su derecho a informar. Lo cual ha provocado la reacción de la práctica totalidad de medios de comunicación, que observan con pavor cómo se les seca la tinta de las venas.

El mismo viernes varios periodistas fueron detenidos durante una multitudinaria protesta en Trocadero contra esta ley que prohíbe fotografiar o filmar a los agentes de policía bajo pena de un año de prisión y hasta 45.000 euros de multa. De ahora en adelante, los únicos reporteros serán los uniformados, garantes del control social y con impunidad total. El país que alumbró la democracia en el siglo de las luces, se adentra en un crepúsculo reaccionario y peligrosamente autoritario con un Robespierre llamado Macron.