Del incontable número de términos que conforman la Constitución francesa, uno de los más importantes y que aparece en su primer artículo es la palabra indivisible. Una unicidad, la del territorio, que también se aplica a la lengua, porque como se indica expresamente en su segundo enunciado el idioma de la República es el francés. No hay sitio para el resto. No lo hubo ni siquiera cuando se adoptó el título 75-1, según el cual esas lenguas que de manera desdeñosa llaman regionales son consideradas como «patrimonio» del país, eso sí, sin ningún derecho que las proteja. Porque hay artículos y artículos, y unos son y hacen ley y otros son palabras sin valor ni contenido. Por ello, casi treinta años después de que se adoptara en Estrasburgo la Carta europea de las lenguas minorizadas sin que París la haya ratificado aun, enmudece por desconcertante que la Asamblea Nacional haya aprobado una propuesta legislativa que reconocerá derechos a estas lenguas y a sus hablantes. Todo un milagro en este país tan jacobino que incluso la extrema izquierda ha unido sus votos a los de la extrema derecha para intentar acallar a los bilingües. No lo han logrado, pero aún les queda una última palabra, la más larga del diccionario francés y la más importante de su paradisíaca Constitución monolingüe: anticonstitutionnellement. Ésa bastará para salvarles. Ésa seguirá siendo nuestra condena.