La Generalitat quiere que las políticas de igualdad guíen todas sus acciones. Una apuesta para la cual se ha confiado en Tània Verge, hasta ahora directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con una larga trayectoria en varios colectivos feministas, entre ellos Ca la Dona o #OnSónLesDones, surgido para analizar los roles de género y la representación de las mujeres en los medios de comunicación. Catedrática de Ciencias Políticas y Sociales, Verge (Reus, 1978) formó parte de la Sindicatura Electoral en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, hecho por el cual fue juzgada y absuelta el pasado mes de abril. La nueva consellera, elegida a propuesta de ERC, quiere abanderar un cambio de paradigma en la lucha contra las violencias y la defensa de los derechos civiles.

Desde el pasado 26 de mayo, cuando tomó posesión del cargo, Catalunya cuenta con la primera conselleria d’Igualtat i Feminismes de su historia. ¿A qué atribuye su creación?

Obedece a la voluntad transformadora del nuevo gobierno, que fruto del empeño de los movimientos feminista, LGTBI y antirracista, ha decidido poner en el centro de su agenda las políticas de igualdad. Por tanto, es una victoria de los colectivos que llevan años exigiendo más visibilidad pública de sus luchas, lo cual encaja con la aspiración del ejecutivo de hacer un país libre dónde todas las personas vivan en libertad.

¿La utilización del término feminismos, en plural, indica que estamos hablando de un espacio donde confluyen varias tradiciones?

Es un reconocimiento a las diferentes corrientes, pensamientos y prácticas existentes en el seno del movimiento, de ahí la premisa de que también son varias las estructuras de opresión a las cuales hemos de hacer frente. Eso pasa por combatir las problemáticas más urgentes, pero también por emprender una estrategia que transforme la realidad en el terreno de las políticas públicas.

¿En qué ámbitos es urgente implementar esta perspectiva feminista?

En todos los sectores, pues si hablamos de violencia machista o discriminación por razones de identidad sexual, origen o condición social, esto afecta al mismo tiempo a los ámbitos educativo, laboral, sanitario, judicial o el vinculado con la seguridad pública. La acción tiene que ser simultánea y coordinada entre los diferentes departamentos. También debe estar presente en el reparto de los fondos de recuperación económica, los Next Generation, que deben permitir el acceso de las mujeres a sectores productivos que están muy masculinizados.

¿Cuáles son las prioridades que han identificado?

Hay que profundizar en las cuatro leyes de referencia: la 11/2014, que garantiza los derechos LGTBI; la 7/2015, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres; la 19/2020, de igualdad de trato y no-discriminación, y la 17/2020, relativa al derecho de la mujer a erradicar la violencia machista. Cada consejería tiene que hacer sus deberes en función de estos mandamientos, teniendo en cuenta que en 2021 la mirada debe ser interseccional, pues las desigualdades se presentan intercruzadas.

¿Con qué instrumentos cuentan para fiscalizar el cumplimiento de estas leyes?

La coordinación interdepartamental ya es una herramienta existente. Tanto para acabar con la violencia obstétrica en el terreno de la asistencia sanitaria, para dotar al urbanismo de una perspectiva de género, que la escuela introduzca contenidos inclusivos o que, en el ámbito laboral, se acabe con la homofobia y la discriminación racial. Después habrá diferentes indicadores para avaluar los avances y varios espacios destinados a que la sociedad civil, en tanto que depositaria de los derechos, trabaje con la institución para que sus demandas puedan materializarse.

Desde la plataforma #OnSónLesDones, lleva años analizando la escasa presencia de la mujer en los espacios de representación y el sesgo patriarcal que los medios proyectan de ellas. ¿En qué medida es una preocupación de la nueva conselleria?

Es fundamental. La paridad ya está establecida por ley, lo que falta es aplicarla, pues es deficitaria en los medios así como en la universidad, la empresa y muchos otros ámbitos. No solo para la mujer; la mayoría de personas de origen inmigrante o con diversidad funcional también se ve discriminadas. Incidir en ello es clave, ya que si un colectivo se siente excluido, verá estos espacios lejos de sus necesidades y, en consecuencia, continuarán las sobrepresentaciones injustas y antidemocráticas que no reflejan la realidad social. Así ocurre en el ámbito tecnológico, donde las mujeres están infrarrepresentadas, y todo lo contrario en los cuidados o tareas domésticas, donde son ellas las que cargan con estas labores invisibles.

¿Qué intervenciones prevén para corregir desequilibrios como estos?

Habrá acciones concretas, pues finalmente se trata de romper los estereotipos con los cuales todas y todos hemos crecido y socializado. Basta comprobar la falta de referentes femeninos en los libros de texto o los distintos roles que se asignan para cada juego. Y respecto a las empresas, ocurre lo mismo, aunque hemos de evitar disciplinas exclusivas para las mujeres, pues la historia demuestra que, cuando una profesión se feminiza, se acaba precarizando. La mujer tiene que estar presente en todas los ámbitos, a los cuales hay que exigir medidas que permitan establecer un equilibrio entre trabajo y vida.

¿En pleno repunte de la extrema derecha, qué papel puede desarrollar la conselleria d’Iguatat i Feminismes?

A la extrema derecha hay que hacerle frente en todo los terrenos. Así nos lo pide el movimiento feminista y el nuevo gobierno, para el cual hemos de sacudir la sociedad si realmente queremos avanzar en derechos y libertades. Por eso, pondremos todas las energías para atajar los delitos de odio y la violencia institucional que a menudo se ejerce sobre las personas racializadas. Habrá que formar a los funcionarios públicos para que den respuestas adecuadas y, en el campo judicial, acabar con la orientación clasista y patriarcal de muchas sentencias.

¿En cuanto a la actitud de la justicia, cómo afrontan la dinámica enloquecida de la derecha de utilizarla para entorpecer la política catalana?

De momento, el Partido Popular ya nos ha recurrido la ley que reconoce el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Una norma en cuyo redactado incluimos la violencia obstétrica, la digital, la vicaria –aquella que se ejerce sobre hijos o hijas para causar daño a las madres– y otros preceptos recogidos en el Convenio de Estambul y que la ley española no contempla. Tendremos encima estos obstáculos, ya lo estamos viendo; pero nuestro compromiso es que ninguna víctima de estas violencias se quede sin atención.

En el marco del Procés fue encausada –finalmente absuelta– como integrante de la Sindicatura Electoral constituida para el referéndum del 1 de octubre de 2017. ¿Hasta qué punto es una carga política?

Todo el gobierno es consciente de que el conflicto continúa y que la represión, lejos de frenarse, se ha incrementado mediante numerosas causas sobre activistas o la económica emprendida por el Tribunal de Cuentas, que afecta a altos cargos de la Generalitat vinculados con el 1-O. Una aberración sabiendo que nunca, en ningún lugar del mundo, se ha resuelto un conflicto con el código penal. De ahí que nuestra voluntad –y para ello nos aferramos a los pactos por los derechos sociales y políticos– de trabajar por una solución dialogada, que a nuestro entender pasa por la aplicación de la amnistía y el ejercicio de la autodeterminación.

La represión también ha puesto de relieve la poca visibilidad de las presas políticas. ¿Hay camino para recorrer en este ámbito?

Ellas mismas nos han enseñado, igual que lo han hecho varios colectivos a lo largo de la historia, que las prisiones tienen una concepción androcéntrica y que su actividad está pensada por y para los hombres. No solo esto: nos han puesto el foco en las raíces sociales de la vida penitenciaria, marcada por un claro sesgo racial y de clase, hecho que exige políticas que graviten en torno a los derechos y los programas de reinserción.

En el proceso hacia la paz que vive Euskal Herria, el colectivo de mujeres Ahotsak se erigió en una voz clave para el acercamiento social entre diferentes. ¿Puede ser un espejo para Catalunya?

Ahotsak es un referente de como establecer puentes entre mujeres de distintas adscripciones políticas. Y en Catalunya esto se está percibiendo ante la escalada represiva del Estado, cuando todo el movimiento feminista ha salido a denunciar la vulneración de los derechos humanos. Sin duda tenemos que aprender de esta experiencia en vistas a lograr consensos y avanzar en la resolución democrática del conflicto.