La Policía española identificó ayer a los trabajadores de Tubacex que se desplazaron desde Aiaraldea a Cádiz para mostrar su apoyo y solidaridad a los obreros del Metal, en huelga desde el 16 de noviembre. Ixone Retes, representante de LAB, relató a NAIZ Irratia que, mientras daban un paseo con un trabajador gaditano, los agentes les pararon, identificaron, registraron y les preguntaron qué hacían en Cádiz. Respondieron que mostrar su apoyo y solidaridad.

Los seis trabajadores de Tubacex se hallaban acompañados de compañeros gaditanos que les explicaban la situación cuando ayer por la mañana fueron interceptados por la Policía, que también inspeccionó el vehículo en el que viajaron. La entrevista en NAIZ Irratia fue obstaculizada en un primer momento por un agente que obligaba a la delegada de LAB a apagar el teléfono y a posponer sus declaraciones para proceder al registro de la furgoneta, aparcada en las inmediaciones.&hTab;

Horas antes, el miércoles, Retes intervino en una movilización de los huelguistas del Metal, donde, micrófono en mano, defendió la unión de los trabajadores y trabajadoras. «Esto no se trata de fronteras ni de nada, ni de sectores; aquí lo que hace falta es unión», manifestó antes de subrayar que «todos somos iguales, todos somos clase trabajadora».

«Y hay que decirles ‘basta ya’, que estamos hartas y que les vamos a ganar», añadió Retes tras recordar que la huelga de Tubacex se prolongó durante 236 días. «Quiero deciros que se puede, que esta gente no es gente extraordinaria, se les puede vencer, se les puede hacer frente», apuntó la sindicalista de LAB. Cerró su intervención con el anunció una aportación de 4.500 euros a la caja de resistencia, que fue recibida con aplausos.

Los trabajadores del Metal de Cádiz iniciaron el pasado día 16 una huelga indefinida por la mejora de sus condiciones laborales. CCOO y UGT desconvocaron ayer la protesta después de que los trabajadores ratificaran el acuerdo que alcanzaron con la patronal.

En el texto pactado se establece que el convenio tendrá una vigencia de tres años, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, con una ultraactividad ampliada de dos años desde su vencimiento.

También se acuerda la creación de una comisión para el control y seguimiento del acuerdo y la vigilancia de las cuestiones referentes a la eventualidad «y, en particular, al control horario, las horas extras y el abono de los atrasos».

Esta comisión, que se reunirá cada tres meses, estará integrada por ocho personas, cuatro en presentación de la parte empresarial y cuatro de la social, dos del sindicato UGT y otros dos de CCOO, con invitación a participar a los representantes de la Inspección de Trabajo, la Consejería de Empleo, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo estatal.

Además, se prevén incrementos salariales, de forma que en 2021 se fija un aumento fijo a tablas del 2%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021, de forma que los atrasos que se generan se abonarán entre noviembre y diciembre de este mismo año.