El caso de Xabier Atristain está cerrado en el ámbito de la Justicia europea, que ha dado la razón al expeso, pero paradójicamente no lo está en el Estado español. La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha posicionado contra el recurso preceptivo para que se revise su condena en función del dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: se opone a aplicar de forma general y automática la doctrina fijada en este caso, que puede resumirse en que no caben condenas que tengan como única prueba inculpaciones o autoinculpaciones arrancadas durante la incomunicación.

El TEDH dictaminó en enero que no permitir a Atristain disponer de defensa jurídica durante la incomunicación supuso vulnerar sus derechos. Por ello, fue excarcelado en febrero tras casi doce años preso.

Una vez que la Abogacía del Estado recurrió y Estrasburgo ratificó el fallo, hay dos consecuencias a seguir en este caso: un primer proceso que debería llevar a la revisión de la condena contra Atristain, en el Supremo, y otra dinámica a debate más amplia, puesto que es evidente que hay muchos casos análogos en los que presos vascos han sido condenados sin más pruebas que las obtenidas ilegalmente.

En este contexto, ayer trascendió por agencias que la Fiscalía se opone al recurso de Atristain para que el Supremo dé carpetazo a la condena y entra a ambas cuestiones. Sobre el caso particular, insiste en que había más pruebas al margen de su declaración policial, si bien Estrasburgo ha dejado claro que la prohibición de elegir abogado «socavó la equidad del proceso penal». Sobre la cuestión general, esgrime que no cabe hacer una aplicación automática general, sino análisis individualizados, caso por caso.

La Audiencia Nacional ya ha dictado dos absoluciones haciendo suyo el criterio de Estrasburgo y aceptando que existe una nueva «jurisprudencia»: son las de Gorka Palacios y Juankar Iglesias, ambos presos todavía por otras condenas.