El 29 de julio de 2023, Vagif Khachatryan, un jubilado karabají de 68 años, madrugó para viajar desde Nagorno Karabaj hasta Armenia y someterse a una delicada cirugía de corazón. A pesar de la apremiante urgencia médica, no fue una decisión fácil: la única carretera que conectaba entonces el enclave con el resto del mundo llevaba cortada siete meses por el ejército azerí. Khachatryan viajaba en un vehículo de la Cruz Roja Internacional, pero sabía que podía enfrentarse a problemas.

Fue detenido aquel día por guardias de frontera azeríes. Cuatro meses más tarde, un tribunal militar en Baku lo condenó a 15 años de prisión por crímenes supuestamente cometidos durante una guerra que se libró hace más de 30 años.

Vagif Khachatryan es una víctima más de un conflicto que hunde sus raíces en la Unión Soviética. Tras el colapso de la URSS en 1991, los armenios eran la mayoría en Nagorno Karabaj. Tres décadas y dos guerras más tarde, Bakú lanzó un ataque el pasado septiembre con el que provocó el éxodo masivo de los últimos armenios en el enclave.

Altos organismos como el Parlamento Europeo acusaron entonces a Azerbaiyán de cometer una «limpieza étnica» contra los habitantes de Nagorno Karabaj. Hoy, los karabajíes intentan empezar de cero en Armenia, los Khachatryan entre ellos.

«Mi padre tiene una enfermedad cardíaca y esto me da la esperanza de que no será torturado bajo custodia azerbaiyana», explica Vera Khachatryan desde su residencia temporal en Jermuk a 170 kilómetros al sureste de Ereván. La detención de su padre, asegura la desplazada, también ha afectado la salud de su madre. «Sufre de nuevos problemas físicos y psicológicos que se añaden a los derivados del desplazamiento forzoso».

SECRETISMO

El 13 de diciembre de 2023 se produjo un intercambio de prisioneros: Azerbaiyán liberó a 32 militares armenios a cambio de los últimos dos militares azeríes bajo custodia de Ereván. Parte del acuerdo fue el apoyo de Armenia a Azerbaiyán para albergar la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas en Bakú. Ambas partes lo describieron como «una señal de buena voluntad».

En conversación con GARA, Siranush Sahakyan, representante de los intereses de los prisioneros armenios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegura que Azerbaiyán «utiliza la cuestión de los prisioneros como herramienta política para presionar a Armenia o para obtener algo a cambio».

«Cada repatriación al margen del intercambio de prisioneros no se ha producido nunca por una amnistía ni ningún otro proceso legal», subraya Sahakyan. Ereván asegura que aún quedan más de cien prisioneros de guerra y civiles en Azerbaiyán —entre ellos tres ex presidentes de Nagorno Karabaj, el presidente del Parlamento y miembros del gabinete-. Bakú dice que el total de presos armenios bajo su custodia son 23. La otra incógnita es el estado en el que se encuentran. Ya en su informe de marzo de 2021 Human Rights Watch denunció que los prisioneros de guerra armenios sufrieron abusos bajo custodia azerbaiyana y pidió a Bakú que liberara «a todos los prisioneros de guerra y civiles restantes». Ante la inacción de Bakú, Ereván apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). «Azerbaiyán está obligado a presentar un informe sobre los altos funcionarios detenidos arbitrariamente al TEDH antes de finales de enero de 2024 recuerda Hasmik Samvelyan, portavoz de la Representación de Armenia para Asuntos Jurídicos Internacionales.

A día de hoy, el Comité Internacional de la Cruz Roja es el único organismo independiente que tiene acceso a los prisioneros armenios. Zara Amatuni, responsable de comunicación del CICR en Armenia, aseguró a esta cabecera que han visitado a todos los cautivos detenidos en Bakú y examinado las condiciones en las que se encuentran.

Asimismo, varios de los familiares de los prisioneros confirmaron a GARA que tienen la oportunidad de hablar con ellos. El CICR media para facilitar la comunicación por teléfono cada 30 a 40 días. El organismo evita dar más detalles apelando a la importancia de la confidencialidad.

«Presentamos nuestras observaciones únicamente a las autoridades competentes», matizó Amatuni.

Prisioneros repatriados se han negado a hablar con la prensa sobre las condiciones de su detención, y esa es también la política del Gobierno armenio. Muchos lo interpretan como una manera de evitar una reacción de Bakú que empeore la situación de los prisioneros.

ESPERANDO JUSTICIA

Durante un foro internacional sobre el futuro de Nagorno Karabaj celebrado el pasado diciembre en Bakú, el presidente azerí, Ilham Aliyev, declaró que los prisioneros en su poder «están esperando a que la justicia azerí se pronuncie».

La reciente ola de represión contra los medios de comunicación y toda voz crítica contra el Gobierno no invita a la esperanza. El pasado mes de diciembre, Amnistía Internacional denunciaba la detención de al menos seis periodistas independientes azerís en tan solo un mes bajo cargos «fabricados». En el último informe anual sobre la libertad en el mundo que publica la organización Freedom House, Azerbaiyán aparece entre los 57 países calificados como «no libres» de los 159 estudiados. El organismo con sede en Washington denuncia numerosos arrestos y detenciones arbitrarias, y describe el poder judicial de Azerbaiyán como «corrupto y subordinado al ejecutivo».

Otro de los que esperan a que la justicia azerí se pronuncie es Vicken Euljeckjian. Este libanés que también tiene nacionalidad armenia fue capturado junto con Maral Najarian —otro armenio libanés— por soldados azerbaiyanos mientras conducía de Ereván a Nagorno-Karabaj el 10 de noviembre de 2020. Era justo el día después del anuncio del alto el fuego mediado por Rusia. Cuatro meses después, Beirut logró la liberación de Najarian, pero Euljeckjian fue condenado a 20 años de prisión. Su nombre apareció en la lista de los prisioneros que serían intercambiados en diciembre de 2023. Lo impidió una sorpresa de última hora.

«Después de tres años de separación, de dolor y desesperación, nos emocionamos muchísimo al oír que sería liberado. De repente, su nombre fue sustituido por el de otro prisionero tres horas antes del intercambio», explicaba por teléfono y desde Beirut Linda Euljeckjian, esposa de Vicken. Con la esperanza de agilizar el proceso, Linda y su hija se desplazaron a Ereván para reunirse con oficiales armenios. Ante la impotencia de estos, la familia también apeló a altos funcionarios libaneses. «Tras la presión de los medios de prensa libaneses, Beirut parece estar interesado en discutir la cuestión de la repatriación de mi marido con funcionarios azerbaiyanos», asegura Linda.

Mientras espera la liberación de su marido, la cuestión de los prisioneros de guerra y civiles armenios en Azerbaiyán sigue siendo una de las cuentas pendientes en un conflicto heredado del siglo XX.