Mientras el Tribunal Electoral de Honduras, con un 67,5% de los votos escrutados, afirmaba que la victoria del candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, era «irreversible», el partido de la candidata Xiomara Castro, Libre, denunciaba el supuesto fraude que garantizaría la continuidad de la derecha oligárquica en el poder. No extraña esa denuncia, pues a las razonables dudas acerca de la limpieza de los comicios se les suman unos precedentes que no son mera sospecha, como el reparto ilegal de credenciales para votar que llevó a cabo el Partido Nacional en vísperas de las primarias del pasado año, entre otros; y, sobre todo, la naturaleza de los actuales gobernantes, surgidos de un golpe de estado que instauró un régimen que ha reprimido duramente a la disidencia del país. Por tanto, y teniendo en cuenta la servidumbre del régimen hacia EEUU, además de la pasividad de muchos países latinoamericanos, no es impensable, sino más bien probable, el fraude en esos comicios.

Hace cuatro años un golpe de estado hurtó la democracia a los hondureños. Ahora todo apunta a que también les pretenden hurtar la posibilidad de volver a ella.