El Gobierno español, tras confirmar que un número considerable de vascos encarcelados en prisiones francesas serán trasladados al Estado español en los próximos meses, aseguró que ello no conllevará un cambio en su política penitenciaria. Sin embargo, ese notable cambio de configuración del amplio mapa penitenciario de los presos vascos podría afectar también a la política de Madrid al respecto, siempre que la lógica y el sentido común se impongan.

El traslado se llevará a cabo como consecuencia de la adaptación legal de un acuerdo marco de la Unión Europea que dispone que los presos comunitarios cumplan sus condenas en el estado del que son naturales. El objetivo de esa normativa, y su sentido, es que los presos permanezcan en un lugar próximo a su familia, a lo que se refiere expresamente. Si su objetivo fuera simplemente el traslado a una prisión del estado de donde procede, podría darse la perversa paradoja de que los familiares de un preso trasladado de otro estado se vieran obligados a recorrer más kilómetros que en la anterior situación para visitar a su ser querido. Esa reforma legal, por tanto, abre una oportunidad de incidir en el cambio de la política de dispersión, en tanto en cuanto, al tratarse de una norma de la UE, implica que el alejamiento de los prisioneros no dependa, como hasta ahora, exclusivamente del Gobierno español. Si en virtud de esa decisión marco los presos que actualmente se encuentran en prisiones francesas deben ser transferidos a prisiones cercanas a su familia, el sinsentido y la crueldad de la lejanía del resto resultarán más escandalosos aún.

Un motivo más, con base en la legislación europea, para exigir el fin de la dispersión y presionar para lograrlo. Una oportunidad que no debería obviar nadie que afirme estar en desacuerdo con la política penitenciaria de los gobiernos español y francés, incluido el Ejecutivo de Lakua, que además contaría con el respaldo de una sociedad que viene reclamando muy mayoritariamente el fin de esa vulneración de derechos.