La presidenta brasileña y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, admitió ayer que hubo desvío ilegal de recursos en la petrolera estatal Petrobras, denunciada por supuestamente beneficiar a algunos partidos políticos de la base aliada del Gobierno, y se comprometió a buscar un resarcimiento, aunque alertó que sin un fallo de la Justicia «nadie sabe lo que debe ser resarcido». Un escándalo de corruptelas en Petrobras salpicó la campaña electoral en Brasil y ha sido uno de los puntos más abordados en los debates. Según las investigaciones, un 3% del presupuesto de los contratos se desviaba para financiar las campañas electorales de formaciones políticas de la base aliada al Gobierno, entre las que figuraba el PT de Rousseff.