Francia, la tan cacareada patria de los Derechos Humanos, continúa evitando la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Y eso que hace ahora un año, el ejecutivo de Hollande lanzó un proyecto de reforma constitucional para permitir que de una vez por todas París rubrique un texto que se resiste a adoptar desde el fondo de sus entrañas jacobinas.

Un ínfimo paso se dio en 2008, año en el que las lenguas minorizadas fueron reconocidas como «patrimonio de Francia». Costó lo suyo incluir la frase en la Carta Magna, porque aunque en realidad esa designación no acarrea ninguna protección particular, el sólo hecho de aceptar la existencia en su territorio de idiomas diferentes al francés supuso en algunos estamentos un verdadero sacrilegio. Todavía anda farfullando la Academia francesa, que reivindica la exclusividad del francés, que «durante más cinco siglos» ha sido el instrumento político que «ha forjado Francia» y su «identidad nacional».

El Senado, que en 2008 se opuso al reconocimiento lingüístico, continúa enmudeciendo el debate del proyecto de reforma constitucional, para cuya lectura parlamentaria sigue sin haber fecha. Hartos de tanto oído sordo, los ediles uztariztarras decidieron oficializar el euskara en su municipio para que sus hablantes gocen de los mismos derechos que los francófonos, que no sólo de salvar la lengua se trata.

Sin embargo, en perfecto monolingüe, el Tribunal administrativo de Pau acaba de anular la decisión porque, en el fondo, lo que quieren es que ese patrimonio acabe en ruinas. Ignoran que la restauración hace tiempo que es imparable. Que se lo digan al ruin alcalde de Ziburu, símbolo de esta República.