Esta declaración se recoge en un comunicado firmado por casi una veintena de asociaciones, entre ellas, MunduBat, la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Bizkaia, Donostia y Araba, Hegoa o la Asociación Vasco-Saharaui de la Evolución Cultural.

En la nota, han indicado que las razones aducidas de falta de seguridad ante un supuesto »riesgo inminente de ataque terrorista», «no concuerdan con el análisis de las autoridades argelinas y saharauis, ni de personas expertas en seguridad de la zona».

Según han señalado, las medidas adoptadas tras el secuestro de los cooperantes Ainhoa Fernández, Rossella Urru y Enric Gonyalons, en colaboración con los gobiernos español y argelino, hacen que el trabajo en los campamentos «sea más seguro que nunca».

En cualquier caso, han apuntado que las organizaciones y cooperantes que trabajan en los campamentos no asumen más riesgos que en otros lugares del mundo «donde la sociedad civil intenta paliar el fracaso del injusto orden mundial actual».

«La inestabilidad política y social en los países del Sahel, y en particular en el norte de Mali, donde se concentran varias organizaciones islamistas y bandas internacionales de delincuencia, no se combate con medidas militares, sino con una política clara y eficaz de ayuda al desarrollo de las poblaciones autóctonas que el mismo Ministerio de Exteriores ha eliminado con la excusa de la crisis económica», han asegurado.

Por ello y, dado que la medida «no ha sido consensuada» ni con las autoridades saharauis ni con las organizaciones presentes en los campamentos, creen que se trata de «un gasto inútil encaminado a encubrir la voluntad del Gobierno español de reducir la escasa ayuda que presta al pueblo saharaui y para presionar políticamente al Frente Polisario en estos momentos de grave emergencia humanitaria para que acepte el intolerable 'statu quo' político actual».

Asimismo, han señalado que el Estado español es también responsable de garantizar unas condiciones de vida «dignas y seguras» al conjunto de la población saharaui, algo que «sistemáticamente han incumplido éste y los anteriores gobiernos españoles desde el abandono del territorio».

«Aislar los campamentos y frenar los procesos de desarrollo que se acompañan desde la cooperación internacional es una violación más de los pactos internacionales y de los derechos fundamentales de los y las saharauis, y sólo sirve a la política de anexión y genocidio marroquí», han apuntado.

Por último, han reiterado su voluntad de seguir cooperando con el desarrollo y la libertad del pueblo saharaui y de mantener su presencia en los campamentos y en las zonas ocupadas «en la medida en que ésta sea necesaria y así lo consideren el Frente Polisario y la RASD (República Arabe Saharaui Democrática)».