Además del drama humano y natural que ha supuesto el gran incendio del Alt Empordà (Girona), el fuego ha alimentado también los tinteros de la crónica política, protagonizada por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su homólogo catalán, Felip Puig, tándem inseparable cada vez que todo tipo de fuego asoma en los telediarios.

Igual que tras los contenedores quemados en Barcelona durante la huelga general, Fernández Díaz tardó pocas horas en anunciar que perseguirían a los responsables y que, para ello, endurecerían una vez más el Código Penal. Puig también anunció que buscarían contra viento y marea a los culpables del incendio y que para ello estaban ya analizando el ADN de las colillas recogidas en la zona de origen del incendio. Más tarde, Puig tuvo que matizar sus palabras y reconocer que sería muy difícil encontrar a los responsables a través de las huellas de ADN de las colillas, ya que estas, obviamente, «resultaron dañadas por el fuego»

No es el único equivalente con la represión de la pasada huelga general. Igual que en aquella ocasión -en la que los Mossos publicaron una web para la delación ciudadana-, Puig volvió a pedir la colaboración ciudadana, no para ayudar a los damnificados, sino para delatar y denunciar a todo aquel que lance alguna colilla desde el coche. «Me parece que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que las fotos que podemos hacer con nuestro móvil sirvan para enviar a la Policía la matrícula de un coche que se ha visto que ha tirado una colilla», sugirió Puig.

La retórica militar de los responsables de Interior no se limitó a señalar con el dedo a los responsables, sino que se lanzó también contra la insistencia del fuego en llevar la contraria a sus deseos. «Le hemos puesto el pie al cuello» declaró Puig, sin pararse a pensar en la lógica de una lucha cuerpo a cuerpo contra las llamas. El alcalde de Figueres, Santi Vila (CiU), también aprovechó la ocasión para criticar el entorno de impunidad que rodea la frontera de La Jonquera: «La prostitución, el juego y el incivismo son dinamita pura».

Pero más allá de los golpes de titular y el meritorio trabajo de los bomberos, que solo algunos propietarios de fincas aisladas han criticado, lo cierto es que resulta difícil no fijarse en la reducción del 20% que han sufrido los presupuestos contra los incendios durante los dos últimos años. En 2010, el plan antiincendios de la Generalitat contaba con 30 millones de euros; este año se han quedado en 24 millones. Responsabilizar del incendio a los recortes resulta algo demagógico -como no se cansan de insistir desde la Generalitat-, pero la pregunta sobre el efecto de la reducción de gasto queda en el aire. Más todavía cuando el responsable de Interior se descamisa por llenar titulares y anunciar la persecución de los responsables, sin plantearse en ningún momento las consecuencias de sus medidas.

Una vez más, el refrán «más vale curar que prevenir» queda a la altura de una quimera; en los dos últimos años, el presupuesto para campañas institucionales de prevención ha pasado de 330.000 euros a 63.100. Sin propósito de enmienda y con el riesgo de incendio como argumento, Interior ha restringido, durante el fin de semana, el acceso a varios enclaves naturales del Principat, como el Parque Natural de Montsant, en Tarragona.