El Partido Popular, consciente del riesgo real de perder el Gobierno gallego el próximo domingo, ha decidido centrar todos sus esfuerzos en una única baza: dividir el voto de la oposición. Después de una campaña intensa y marcada por la movilización de toda su base militante y simpatizante, el PP reacciona a la posibilidad de no alcanzar la mayoría absoluta que le es imprescindible para poder continuar al frente de la Xunta. Lo hace aprovechándose de la irrupción de nuevas candidaturas en el campo de la oposición con el propósito de debilitar las posibilidades de un cambio de gobierno a través de la división del voto.

Hay que tener en cuenta que el sistema electoral gallego es muy restrictivo por la barrera del 5% de los votos que las candidaturas deben superar en cada circunscripción para optar al reparto de escaños, lo que dificulta enormemente la irrupción de nuevas fuerzas en la cámara gallega. Feijóo lo sabe, y por eso en los últimos días de campaña se esfuerza por alentar la división. En esa estrategia se enmarca la multiplicación de las referencias que desde el PP se hacen a Alternativa Galega de Esquerda (AGE), una coalición sin representación parlamentaria resultante de la suma de Anova —la formación liderada por Xosé Manuel Beiras— e Izquierda Unida.

El PP cuenta además con la complicidad de los grandes medios de comunicación privados de Galiza, a los que ha subvencionado desde la Xunta con importantes ayudas —una de las principales cabeceras recibió 7 millones de euros a lo largo de este mandato. Los mismos han incrementado significativamente la cobertura de la actividad de campaña de AGE, en detrimento básicamente del BNG –a pesar de sus 12 diputados. La mayoría de las crónicas e informaciones son elaboradas en clave positiva, con un enfoque favorecedor incurriendo incluso en la exageración. Se suman así a la dinámica de las cabeceras progresistas de Madrid, que por influencia de Izquierda Unida, han pretendido situar la candidatura de Beiras en el centro mismo de la campaña electoral, con la esperanza de que IU consiga al menos un asiento en el Pazo do Horréo.

La confrontación pública entre PP y AGE beneficia a ambos. Al PP le sirve como reclamo para estimular la movilización de los sectores de su electorado que esta ocasión se muestran reacios a brindarle su apoyo, por medidas como el repago farmacéutico para los pensionistas. Y a AGE la proyecta socialmente muy por encima de su dimensión real presentándola de facto como contraposición al PP. Sin embargo, el escenario deseado por los populares es que AGE reste votos a BNG y PSdeG pero sin llegar a obtener representación, de modo que pudiera hacerse con algún asiento más que asegurase su mayoría absoluta.

La oposición llama a concentrar el voto

En el extremo contrario un BNG con insistentes llamadas a «concentrar el voto de la izquierda y el nacionalismo» en apoyo del frente nacionalista. En este sentido, su candidato a la Presidencia de la Unta, Francisco Jorquera intensifica su mensaje dirigiéndolo sobre todo a los jóvenes y a los sectores más castigados por las políticas antisociales del PP. Jorquera pedía ayer mismo el voto para el BNG presentándolo como el «sufragio insumiso a los recortes».

Por su parte el PSdeG, que internamente no cuenta con buenas expectativas electorales (sobre todo en la provincia de A Coruña donde podría registrar un descenso muy acusado), echa mano del discurso del voto útil al presentarse como única opción con posibilidades de presidir la Xunta. Afirmación que se contradice con los mensajes que desde el PSOE dan por seguro un acuerdo con el BNG, imprescindible para lograr una mayoría alternativa a Feijóo. Acuerdo que los nacionalistas no sólo no dan por cerrado, si no que advierten sólo se celebrará para apoyar a un gobierno que plante cara a los recortes y que no se someta a los dictados de Madrid y Bruselas.

Desde el Bloque se han mostrado tajantes durante toda la campaña advirtiendo que sus votos, que se prevé serán claves, ni permitirán un gobierno del PP —en referencia al apoyo de IU a los populares en Extremadura— ni sostendrán otro que aplique recortes «ni por imperativo legal», en clara alusión al pacto PSOE-IU en la Junta de Andalucía.