La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha pedido al Gobierno español que actúe con responsabilidad para afrontar una reforma del sistema hipotecario que ponga fin «a los cientos de miles de dramas sociales».

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, ha considerado que la ejecución de las hipotecas inmobiliarias supone «la muerte civil para muchas familias», por lo que ha pedido a una modificación legislativa que, entre otros aspectos, exija una mayor responsabilidad a las entidades bancarias.

La nueva coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, ha exigido también la paralización de los procesos de desahucio que, a su juicio, responden «a la avaricia» de los bancos y a «la pasividad de los gobiernos».

En este sentido, el secretario General de ELA, Adolfo Muñoz, ha denunciado que los políticos «permitan tanto sadismo al poder financiero» y ha exigido que se investigue «el trato de favor recíproco» que se dispensan los partidos y los bancos.

A través de una nota, Muñoz ha opinado que no se ha cambiado la ley para evitar los procesos de desahucios porque «favorece a la banca y la banca tiene en nómina al poder político».