En un comunicado, Urquijo ha respondido a la consejera de Medio Ambiente de Lakua, Ana Oregi, quien ayer aseguró que la citada infraestructura no dará servicio al menos hasta 2018 y  responsabilizó al Gobierno español del retraso.

Urquijo ha admitido que el TAV puede retrasarse por la crisis pero «sigue siendo una apuesta estratégica» del Ejecutivo español y que así se lo transmitió la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la propia Oregi en la reunión que ambas mantuvieron hace escasas fechas en Madrid.

El delegado ha expuesto que el TAV costará unos 4.200 millones de euros y que, aunque el Ejecutivo de Lakua adelanta el pago del tramo guipuzcoano, este dinero lo descuenta después del cupo al Estado, por lo que será el Gobierno español quien finalmente sufrague «íntegramente» la obra.

Urquijo ha recalcado que «sin la inversión del Estado las infraestructuras vascas no serían lo que son» y ha añadido: «Cuando tanto aborrecen algunos la presencia del ‘Estado’ en el País Vasco, cabe traer a la memoria otro ejemplo revelador de los múltiples beneficios de nuestra pertenencia a España».

Como ejemplo del «compromiso inversor» del Gobierno español en la CAV, Urquijo ha citado la reconversión de Bilbo «gracias a las actuaciones desarrolladas por ‘Bilbao Ría 2000’», una sociedad que «desde 1992 ha invertido la friolera de 1.017 millones», la mitad de los cuales «ha sido aportada por el Gobierno de España a través de diversas sociedades como Sepes, Adif, Feve o la Autoridad Portuaria de Bilbao».