La proposición no de ley ha sido registrada esta mañana por todos los grupos de la Cámara, excepto el PP, que desde el principio ha declinado sumarse a la iniciativa, y UPyD, que a última hora se ha negado a firmarla al haber decidido Amaiur adherirse a la propuesta.

Con esta iniciativa, los grupos firmantes se suman a la demanda de los familiares de Yolanda González, una joven estudiante de 19 años de Deustua muerta en la madrugada del 2 de febrero de 1980 en Madrid, por su afiliación política, tras haber sido secuestrada y torturada después de participar en una manifestación estudiantil.

Emilio Hellín, militante de extrema derecha, fue condenado a 43 años de prisión por esta muerte, y ahora se ha conocido que, tras salir de la cárcel en 1996 y cambiar su nombre en el Registro Civil por el de Luis Enrique, dirige una empresa que ha prestado servicios para la Policía española, la Guardia Civil y también la Ertzaintza.

Según explicó el pasado día 13 en el Congreso el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, las fuerzas policiales españolas contrataron los servicios de la empresa de formación New Technology Forensics, en la que trabaja Hellín como profesor, para realizar una serie de cursos especializados en los años 2006, 2008, 2009 y 2011.

«Queremos investigación y que se dé cumplida cuenta al Parlamento de esa investigación», ha explicado Ángel Luis Parras, del grupo de familiares y amigos de Yolanda González, tras acompañar a los portavoces parlamentarios al registro del Congreso.

Los familiares quieren que la investigación abarque desde el año 1996, cuando Hellín salió de la cárcel, hasta la actualidad «con todas las consecuencia y haya habido los gobiernos que haya habido», ha recalcado Parras.

Ha insistido en que «no se trata de pedir responsabilidades a ningún grupo en particular», sino de que se investigue el caso y que se sepa «qué es lo que ha pasado con este personaje» y «luego, cada cual tendrá que dar cuenta de lo que pasó en su período».

Tanto los familiares de Yolanda González como los grupos firmantes de la proposición no de ley quieren que con la investigación se determine si se ha producido alguna connivencia para facilitar la contratación de Hellín y que se modifiquen inmediatamente las normas que lo hayan hecho posible para impedir que vuelva a ocurrir.

Además de esta iniciativa, los familiares se concentrarán el próximo 13 abril en la Puerta del Sol de Madrid para escenificar una entrega simbólica de firmas pidiendo la investigación del caso.