El primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, ha pedido una audiencia hoy mismo con el jefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, para obtener «una rápida clarificación del Estado sobre relevantes aspectos puestos en causa por la sentencia».

Después de una reunión del Ejecutivo que se ha prolongado más de tres horas, el secretario de Estado del Consejo de Ministros, Luís Marques Guedes, ha anunciado en una declaración sin derecho a preguntas que el Gobierno no está de acuerdo, pero «acata» la decisión del Constitucional, aunque ha recalcado que tendrá consecuencias negativas.

El portavoz del Ejecutivo ha subrayado que, además de los efectos en los presupuestos de 2013, la sentencia cuestiona la credibilidad «conquistada por el esfuerzo de los portugueses» ante sus socios y acreedores internacionales.

En su opinión, la sentencia perjudica los esfuerzos del país para lograr en la reunión que los ministros de Economía y Finanzas europeos celebrarán la próxima semana en Dublín el apoyo de sus socios para alargar el plazo de los préstamos concedidos al país, algo por el que el Gobierno «tanto ha luchado».

Ese aplazamiento, ha dicho Marques Guedes, es «esencial» en la estrategia de Portugal para cerrar con éxito el programa de asistencia financiera en 2014, tal y como estaba previsto en el rescate financiero que el país pidió hace hoy dos años.

El secretario de Estado ha defendido, asimismo, que el Constitucional «no tuvo en cuenta el esfuerzo realizado por el Gobierno para hacer más equitativa la contribución de los trabajadores del sector público y del privado».