La deuda pública del Estado español es de 900.000 millones de euros y supera ya el 85% del Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, si tuviese que pagar de golpe toda la deuda, se quedaría tan solo con un 15% de su producción de bienes y servicios o, lo que es lo mismo, con poco más de 100.000 euros. Además, las previsiones no son halagüeñas, ya que auguran que la deuda pública crecerá hasta el 90% del PIB a lo largo de 2013 –incluso hay analistas que se aventuran a cifrar en el 95% del PIB la deuda en 2015–. Se trata de la cifra más alta desde 1910 y contrasta sobre todo con el 36% de deuda que existía en el año 2007, antes del inicio de la crisis. ¿Qué ha pasado en estos años?

La versión oficial asegura que el déficit es el principal responsable del aumento de la deuda, de ahí la obsesión por la austeridad, por los recortes y por reducir el déficit, haciendo caso omiso de sus efectos contraproducentes. Cabe destacar, además, que la Administración estatal es la que menos ha reducido el déficit en los últimos ejercicios –el peso de los recortes ha recaído sobre las autonomías–, lo que hace que el principal peso de la deuda recaiga, precisamente, sobre la Administración estatal y no sobre las autonomías y los ayuntamientos.

Sin embargo, el déficit no es, ni mucho menos, la única causa del aumento de la deuda. Si nos fijamos en el ejercicio de 2012 –año en que más subió la deuda–, los compromisos del Estado con sus acreedores ascendieron a 146.000 millones de euros. 40.000 millones de esos, es decir, casi un tercio, proviene íntegramente del rescate bancario que el Estado pidió a sus socios para inyectar a Bankia y otras tres entidades en quiebra. Una forma obvia de convertir deuda privada en deuda pública, por mucho que el Gobierno del PP intentó negarlo. De aquí el lema, crudamente real, de que se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas.

Es por esta razón que numerosos economistas críticos y muchas de las movilizaciones de los últimos años han reclamado una auditoría de la deuda, que establezca qué cantidad debida es legítima y qué parte de la deuda proviene de compromisos ilegítimos que no repercuten para nada en la ciudadanía. Es algo parecido a lo que se hizo en Islandia. Es lo que reclaman, entre otros, economistas como Juan Torres, del Consejo Científico de Attac España, que en una reciente entrevista advertía de que «llegará un momento en que (la deuda) será impagable», añadiendo que «una parte de la deuda española es completamente ilegítima, tiene como origen un privilegio concedido a la banca privada sin necesidad».

«Si desde el año 1989 el saldo presupuestario del Estado español se hubiera financiado a un 1% por un Banco Central, la deuda pública del Estado español sería del 14% y no del casi 90% actual. Lo que ha ocurrido es que, desde entonces, España ha pagado en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en el año 1989. El hecho de tener que financiar la deuda a intereses de banca privada, y no de Banco Central Europeo, ha obligado al Estado a un endeudamiento adicional estrepitoso», asegura Torres.

El círculo vicioso de los intereses

Y aquí llegamos a otro de los puntos cruciales del drama, los intereses que debe pagar el Estado por la deuda contraída con entidades financieras extranjeras, buena parte de las cuales son alemanas, de ahí el ahínco con que Angela Merkel defiende la austeridad y el pago de la deuda. Solo en 2013, los Presupuestos Generales del Estado destinarán al pago de los intereses casi 40.000 millones de euros, más de lo que el Gobierno destina a gastos en personal o a políticas de desempleo, y prácticamente la misma cifra que se reparte a todos los ministerios juntos. No hace falta ser economista para calcular que, sin el lastre de los intereses, los recortes serían mucho menores. Además, son unos intereses que no paran de crecer, debido a la necesidad del Estado de emitir cada vez más deuda para poder pagar la que ya tiene.

Se trata de un círculo vicioso de difícil salida, sobre todo en un momento en el que los ingresos del Estado no hacen más que menguar y en el que una tasa de paro de en torno al 25% lastra a la economía y a la sociedad. También teniendo en cuenta que los recursos propios del Estado están bajo mínimos. Sin ir más lejos, la semana pasada se supo, a través de la agencia Bloomberg, que el 97% de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la llamada hucha de las pensiones– son bonos del Estado. Es decir, que el Estado, a través del Fondo, se ha dedicado a comprar la propia deuda del Estado, comprometiendo de esta manera los fondos públicos de pensiones.