Las esperadas declaraciones de Miguel Sanz ante la juez por la denuncia de Kontuz estuvieron plagadas de lagunas, y también de acusaciones. El expresidente intentó inculpar a Yolanda Barcina, a compañeros de UPN, al secretario de la CAN, al líder del PSN, Roberto Jiménez, y arremetió contra el último presidente de la caja, José Antonio Asiáin. «No lo sé», fue la frase más repetida en un interrogatorio de casi cuatro horas, durante las que el corellano acabó por derrumbarse. Según lo declarado, Sanz tampoco se enteró de que las inspecciones a la caja las tenía que haber hecho su Gobierno. A su entender, que los estatutos de la CAN siempre hayan recogido esta obligación de inspeccionar solo es una «cláusula de estilo», una especie de coletilla «para mantener el carácter aforado, pero sin contenido».

Las lagunas de Sanz sobre lo ocurrido hace dos años son importantes. A preguntas de su abogado, llegó a asegurar que no sabía cuánto cobró en concepto de dietas de Caja Navarra porque «la economía doméstica» la lleva su mujer. Dice no saber ni cuándo cobraba ni cómo se realizaba el pago. Afirma que nunca se habló de dietas en la Permanente y no sabe quién la creó. Según reza textualmente el acta de su declaración: «Él no se fija en las cantidades que cobraba porque confía en quienes se las están abonando, y si le han pagado algo que no le correspondía, que no es el caso, no será culpa suya».

El expresidente «considera que el Gobierno no tenía que hacer la inspección a Caja Navarra», reza el acta. «Que él conozca nunca en el Parlamento se ha hablado de la función de inspección», continúa el escrito. Sanz se equivoca, esos debates han existido. Según dice, la única inspección era la del Banco de España y sus informes no se trasladaban al Gobierno. Se informaba solo a la caja. Aunque, en la práctica, el corellano era presidente del Gobierno y de la CAN al mismo tiempo.

Aprobó actas incompletas

A pesar de que en ninguna de las actas de la famosa Permanente aparece una sola intervención de sus miembros (Sanz, Barcina, Enrique Maya y Álvaro Miranda), el imputado aseguró que en todas ellas se iniciaba un debate, incluso en las que se les informaba de que el Consejo de Administración no había tomado una sola decisión. Se da la circunstancia de que las actas de las doce primeras reuniones de la Permanente llevan la firma de Sanz, que debía darles el visto bueno como presidente. Sanz «no sabe» por qué no se recogieron esos debates y tampoco «recuerda con exactitud» cuándo firmó los documentos.

El expresidente se defendió como un animal herido, intentando salpicar a todos los implicados y ampliando el abanico hasta Roberto Jiménez, a quien acusa de mentir por «cuestiones políticas». Jiménez era miembro de la Junta de Entidades Fundadoras y siempre ha asegurado que desconocía de la existencia de la Permanente.

Sin embargo, Sanz se reservó las acusaciones más graves para Barcina. El expresidente aseguró no haber puesto mucho interés en cómo se creó la Permanente, pero afirma que Barcina sí lo hizo. El corellano presidía la CAN cuando se decidió redactar unos nuevos estatutos, mediante los cuales se creó la Junta de Entidades Fundadoras y, después, su Permanente (aunque esta empezara a funcionar un año antes de su existencia «oficial»). Sanz sostiene que su papel como presidente de la caja fue menor que el de Barcina durante ese proceso, ya que la actual líder de UPN presidía la Comisión de Control, el organismo interno de la caja que velaba por el cumplimiento de la legalidad.

¿Estrategia o venganza política?

Este claro interés en inculpar a Barcina puede deberse a las malas relaciones entre ambos (rotas desde que Sanz orquestara desde la sombra el motín fallido que protagonizó Alberto Catalán) o también a una estrategia de defensa. Si Barcina entra en el proceso, la causa escaparía de las manos de la juez María Paz Benito y continuaría en manos del Supremo. Para ello Sanz habló de un «borrador» desconocido en el que se citaba a la Permanente y que Barcina aprobó en la Comisión de Control.

Para que el caso vaya al Supremo, la juez instructora debería remitir al Alto Tribunal una exposición motivada solicitando la imputación de Barcina. Nadie espera que eso se produzca antes de que se termine con los interrogatorios de Enrique Maya y Álvaro Miranda, previstos para el lunes y martes. E incluso podría llegar más tarde (si es que finalmente llega) en caso de que la juez considere que han de practicarse más pruebas.

El de Corella se reservó otro dardo envenenado para José Antonio Asiáin, vicepresidente de Urralburu y último presidente de CAN. Sanz hizo constar «que tiene dos hijos relacionados con el mundo de la economía y nunca se han acercado a Caja Navarra». Asiáin, que sucedió a Sanz como presidente de la caja, sí que tiene un hijo que trabaja para la entidad (motivo por el que recibió un correo de extorsión). El líder del PSN también tiene un hermano ocupando un buen cargo en CAN (ahora filial de Caixabank).

«Legal» pero contradictorio

Jurídicamente, lo más interesante de todo son los cruces de acusaciones con Alberto Pascual y Amaya Rández (secretario y asesora jurídica de la Permanente). Ambos identificaron a Sanz como el artífice de la Permanente y el ideólogo de las dietas dobles. Pascual dijo tener constancia de que existía este organismo porque Sanz le ordenó convocarlo. Ayer, el expresidente se la devolvió, al asegurar que ellos eran los asesores legales, los que ordenaban los pagos y los que le comunicaban cuándo convocar los miembros.

Los testimonios de Rández y Pascual son coincidentes y el de Sanz rebate ambos. Resulta extraño que, si todo fue absolutamente legal -como los tres aseveran-, se produzcan tantas contradicciones. Los interrogatorios a Maya y Miranda cada vez cobran más relevancia.