Este martes se retoma en la capital cubana el octavo ciclo de las conversaciones entre el Ejecutivo colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se iniciaron en octubre con el fin de acabar con 60 años de conflicto.

«Queremos resultados. Es la instrucción que hemos recibido del presidente [colombiano, Juan Manuel] Santos. Este es un proceso que no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo y eso lo hemos dicho claramente en la mesa», ha explicado el jefe negociador del Ejecutivo de Bogotá, Humberto de la Calle.

De la Calle ha reiterado que cualquier acuerdo al que lleguen con la guerrilla deberá someterse «al escrutinio» por la sociedad colombiana. «No habrá una paz a la brava. No hay espacio para una paz contra la voluntad de los ciudadanos», ha comentado.

También se ha referido a la polémica de permitir a dirigentes de las FARC volar desde Colombia a La Habana, demostrando que el Ejecutivo dio un «voto de confianza al proceso», y ha explicado que el mes de descanso entre la séptima y la octava etapa de las negociaciones ha servido para «fortalecer este proceso», ya que ha permitido «analizar a fondo y preparar los temas restantes».

Según han informado medios locales, el jefe negociador del Gobierno se ha distanciado de la propuesta de ampliar el período de los mandatos de políticos electos y ha asegurado que los trámites que se desarrollen en el Parlamento no afectarán a las negociaciones.

«Aquí en La Habana no estamos negociando el modelo económico ni la doctrina militar, entre otros de los mucho temas planteados por las FARC por fuera de la mesa. Estamos claros en el respeto a la inversión extranjera y la propiedad privada», ha advertido. El presidente del Senado de Colombia, Roy Barreras Montealegre, avanzó el lunes que estos cambios no se aprobarán en esta legislatura.

Ante la ONU

Por otro lado, el Gobierno colombiano ha proclamado en Naciones Unidas su compromiso de avanzar en el diálogo que mantiene con las FARC y ha destacado que esta guerrilla debe comprometerse a abandonar el camino de la violencia.

«Ellos tienen el deber con el pueblo de comprometerse a cesar todas las acciones criminales y violentas contra la población civil, poner fin al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, a no colocar más minas antipersonales», ha dicho el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón.

También le corresponde a la organización armada «entregar tierras para reparar a las víctimas de la violencia como base para un proceso de perdón y reconciliación», ha agregado Garzón, que preside la delegación de su país en la sesión del ‘Examen Periódico Universal’ de derechos humanos en la ONU.

La guerrilla no apoya la reelección de Santos

Por su parte, el líder guerrillero Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, ha indicado que el Ejecutivo está improvisando acerca de algunas medidas, como la propuesta por Santos de ampliar los mandatos. La exsenadora Piedad Córdoba se mostró asimismo favorable a ampliar el mandato de Santos.

Catatumbo ha comentado que no apoyarían una hipotética reelección de Santos, pero sí a un nuevo mandatario que apoyase el proceso. «Por ahora el presidente ha retirado la propuesta que hizo hace muy pocos días dejando un sabor a improvisación, un sabor a echada para atrás y eso tiene varias lecturas. Nosotros estamos comprometidos con el proceso, pero no con la reelección del presidente», ha advertido.

La polémica se une a la posibilidad de que Santos busque la reelección en las elecciones de agosto de 2014. El Gobierno intenta que las negociaciones no se dilaten hasta esa fecha, pero la guerrilla ya ha advertido de que no dará rapidez a los contactos para no embarrar el proceso.

El jefe de la delegación de la guerrilla, Luciano Marín Arango, alías  ‘Iván Márquez’, ha comentado que el proceso de paz es «irreversible» y ha destacado el apoyo dado por los colombianos en la marcha celebrada el pasado 9 de abril para conseguir que se ponga fin a este conflicto.