El Tribunal Constitucional ha hecho público un auto en el que mantiene la suspensión de la paga extra de diciembre para los funcionarios de la CAV, aunque no entra a analizar el fondo del conflicto de competencias entre los gobiernos españoll y de Lakua por esta cuestión, ni tampoco prejuzga la constitucionalidad de la supresión de la citada paga.

El alto tribunal sostiene que levantar la suspensión tendría «efectos desfavorables para la necesaria coherencia de la política económica del Estado», que «exige un carácter unitario», y que «podría poner en peligro la efectividad de una medida de política económica general relacionada con el conjunto de la política estatal encaminada a lograr la contención del déficit y el endeudamiento».

Además, sostiene que la adopción de decisiones unitarias en materia de política económica es «una consecuencia de la necesidad de dar un tratamiento uniforme a determinados problemas» con base en el objetivo de «interés general» y de evitar a que se produzca un «resultado disfuncional y disgregador» en el Estado español.

El TC entiende que no se puede calificar de «excesivo o desproporcionado» continuar con la suspensión aunque reconoce que se trata «de la imposición de un sacrificio desde el punto de vista retributivo a todos los empleados públicos».

No obstante, defiende que la «eficacia» de este «sacrificio», tanto en «el plano material de contribuir a la reducción del déficit público del año 2012 como en el de la credibilidad internacional de España como nación que cumple sus compromisos financieros», se «revela como de suficiente entidad como para justificar el mantenimiento de la medida hasta la decisión final del presente proceso».

El Gobierno español acordó vía decreto en julio de 2012 eliminar la paga extra de diciembre a los empleados públicos, pero el Ejecutivo de Patxi López ordenó abonarla y Madrid planteó un conflicto de competencias ante el Constitucional, que admitió la demanda y paralizó el pago de la extra.