El Comité ha estimado que el acuerdo adoptado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español el 12 de noviembre, por el que cada tribunal sentenciador debe dirimir el alcance del fallo del Tribunal de Derehos Humanos de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la doctrina 197/2006, «se alinea» con las conclusiones de la sentencia que decretaba la puesta en libertad de Inés del Río.

Los ministros consideran además «conforme» a la práctica del Comité la decisión de las autoridades españolas de no pagar a Del Río la indemnización de 30.000 euros, después de que el Gobierno de Madrid alegase que esa cantidad será detraída de la deuda que la presa de Tafalla tiene en concepto de responsabilidad civil por los hechos por los que fue condenada.