Según ha informado el Govern, el president de la Generalitat, Artur Mas, envió una carta el pasado 20 de diciembre a cada jefe de Gobierno de la Unión Europea –así como al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso– para informarles acerca de las últimas novedades del proceso soberanista catalán y pedirles que fomenten «este proceso pacífico, democrático, transparente y europeo, con el cual la mayoría del pueblo catalán está plenamente comprometido».

La misiva –enviada, entre otros, a Angela Merkel, François Hollande o David Cameron– empieza informando sobre el acuerdo de un «65% del Parlament» de celebrar «una consulta sobre el futuro de Catalunya». Algo que, según explica Mas, no hace sino recoger «la demanda del pueblo catalán, expresada en el mandato recibido en las pasadas elecciones y demostrada repetidamente mediante acciones populares».

El principal esfuerzo del president se centra en aclarar que la celebración o prohibición de la consulta es una cuestión meramente política, ya que «hay una serie de opciones legales y constitucionales que permiten que esta consulta tenga lugar en Catalunya». Detalla, además, que el Govern «ha identificado cinco de estas vías» y que lo que busca Catalunya no es la confrontación, sino «el diálogo y el acuerdo con el Gobierno español sobre el futuro de nuestro país».

La batalla diplomática

En Catalunya son muy conscientes de que buena parte de la partida del proceso soberanista se juega en la arena internacional, por lo que acciones de este tipo se intensificarán a lo largo de todo el año 2014. De hecho, el Govern también ha informado del envío de un memorándum sobre la cuestión catalana a un total de 45 países de todo el mundo a través de sus ministros de exteriores.

Una batalla internacional de la que también es perfectamente consciente el Gobierno español. Sin ir más lejos, según publicó ‘El País’ a principios de semana, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya ha enviado a todas las embajadas y consulados españoles un argumentario de 210 páginas para contrarrestar las razones catalanas ante observadores internacionales.