La nota del Foro de Abogados de Izquierdas recuerda que dos de los arrestados, Arantza Zulueta y Jon Enparantza, ejercen como letrados, así como el senador Iñaki Goioaga, cuyo despacho también pretende registrar la Guardia Civil. «Debemos denunciar el hostigamiento al que se están viendo sometidos diferentes compañeros letrados en el País Vasco y la vulneración que ello está suponiendo para el libre ejercicio de la profesión de abogado así como del derecho de defensa al que tiene derecho toda  persona incursa en un proceso judicial», asegura.

El comunicado también aborda la filtración realizada por el Ministerio de Interior español, que avanzó la operación a través de una nota de prensa antes de que esta se hubiese producido. «Queremos mostrar nuestro estupor con la forma en que se ha realizado la operación, toda vez que la filtración desde el propio Ministerio del Interior del desarrollo de la misma antes de que hubiese comenzado muestra claramente que nos hallamos ante un movimiento mediático y propagandístico del Gobierno y su Ministerio del Interior que solo busca, con prisas y de forma atropellada, sacar pecho ante el electorado más conservador del partido en el gobierno y que por otra parte dificulta la agilización de la definitiva desaparición de ETA», destaca el Foro.

«No parece comprensible que una vez que los presos vinculados al EPPK han aceptado el Estado de Derecho y la aplicación de la legislación penitenciaria se ponga en marcha una operación policial contra los abogados de los presos que semanas atrás dieron un paso concluyente y claro al asumir la legalidad vigente y la participación política por vías exclusivamente democráticas y pacíficas», reitera.

Por este motivo, desde el Foro de Abogados de Izquierdas se realiza un llamamiento «al respeto al Estado de Derecho y a todas las garantías y derechos fundamentales que todas las personas deben tener garantizados, haciendo especial hincapié en que por parte de todas las instituciones del estado se respete de forma escrupulosa el libre ejercicio de la abogacía y el derecho a la defensa de todas las personas».