El catedrático de Historia Contemporánea de la UPV Manuel Montero ha comparecido en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento de Gasteiz después de Xabier Ezeizabarrena.

En su intervención, ha defendido que el Estatuto de Gernika es «la historia de un éxito», uno de los «grandes logros de la sociedad vasca», que ha traído «un largo periodo de convivencia democrática», por lo que no comprende «las reticencias» que algunos sectores políticos y sociales expresan respecto a esta norma institucional.

Ha puesto en valor que con este Estatuto, «Euskadi se ha librado de la lacra del terrorismo» y que además supone un «pacto entre diferentes». A su entender, la vía soberanista y la autonomista son «antagónicas» ya que, mientras la primera se basa en acuerdos entre «iguales» para conseguir «la ruptura», la segunda deja espacio para los entendimientos entre «diferentes».

Por ese motivo, ha advertido de que, si no es para estar «al servicio de la convivencia», no tendría «sentido» configurar un nuevo estatus político para la CAV.

Montero también ha hecho alusión a la utilización que se hace del concepto de «pueblo vasco» como sujeto de soberanía. Según ha dicho, existen numerosos ejemplos del uso «excluyente» de este término, como cuando se afirma que «solo forman parte del pueblo vasco los vascos que no son no vascos».

Acometer algunos cambios, «sin urgencias»

Para el exrector de la UPV, el Estatuto de Gernika ha contribuido a reforzar la convivencia pese a la actividad armada de ETA, y también ha permitido «alternancias» en el Gobierno autonómico y la presencia de numerosos partidos de diverso signo en el Parlamento de Gasteiz.

Según Montero, las encuestas sociológicas revelan que la consecución de un nuevo estatus político para la CAV es una cuestión que apenas preocupa «al tres por ciento» de los ciudadanos vascos. Ha reconocido que puede que sea necesario efectuar «algunos cambios» en el Estatuto, pero ha defendido que esta es una tarea que hay que acometer «sin grandes urgencias».

A su parecer, los cambios que habría que acometer «a la mayor brevedad» consisten en «la racionalización del Estado autonómico» para avanzar hacia un Estado federal que «garantice los servicios básicos» a los ciudadanos.