El litigio en el que ha sido imputado Juan Karlos Goienetxea se refiere a unas actuaciones urbanísticas adoptadas en 2008 y 2009 en la zona de San Miguel por el entonces gobierno municipal del PNV y tiene su origen en la demanda que un particular interpuso tanto por la vía Contencioso-Administrativa como por la vía Penal.

Goienetxea, que ha comparecido junto a la alcaldesa, Idurre Bideguren, y al resto del equipo de gobierno de EH Bildu, ha recordado que estas acciones fueron llevadas a cabo en 2008 y 2009, cuando él «no era alcalde ni concejal responsable de Urbanismo, ni tenía responsabilidad en el gobierno y además, al igual que mi partido, EA, voté en contra de las mismas».

El actual edil de Urbanismo ha sido imputado por un presunto delito de «prevaricación» por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika, que considera «sospechosas» las decisiones urbanísticas adoptadas en la pasada legislatura en torno a la parcela de San Miguel, donde se construye un bloque de 16 viviendas. Ante ello, el exalcalde ha optado por dejar su cargo «con la conciencia tranquila de haber hecho bien las cosas».

Goienetxea ha confesado que el proceso judicial abierto le está causando «un gran daño personal y político» y ha anunciado que requerirá que le sea adelantada la toma de declaración para «poder aclarar todo cuanto antes y no prolongar más las dudas». También ha lamentado que se le haya convertido «en diana para ir contra EH Bildu».

La alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, ha respaldado la «intachable» gestión de Goienetxea y ha elogiado su conducta «ejemplar» al dimitir por «coherencia política», lo que a su juicio «no es muy habitual en esta sociedad».

El Ayuntamiento ha recurrido

Bideguren ha anunciado que el Ayuntamiento de Bermeo ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika, que imputa al concejal de Urbanismo y ordena la paralización de la construcción de 16 viviendas en San Miguel.

Para el Consistorio, resulta «incoherente» que, mientras este juzgado ha requerido la paralización de las obras, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ordenó días antes de este auto la continuación de los trabajos «por razones de prudencia» ante los perjuicios «de difícul reparación» que ocasionaría su detención.

Bideguren ha recordado que la aprobación inicial y provisional del Plan General, en el que se proponía la clasificación de la citada parcela como urbana se produjo la pasada legislatura con el voto en contra de EA y de Goienetxea, entonces concejal.

Posteriormente, la aprobación del plan contó con el visto bueno del Departamento de Vivienda del Gobierno de Lakua y de la Comisión de Ordenación del Territorio del Ejecutivo autonómico. De esta manera, el Plan General se aprobó en el pleno municipal de setiembre de 2011 por unanimidad, con los votos de EH Bildu, ya en el gobierno municipal, y PNV.

La formación jeltzale sostiene que lo acontencido es consecuencia de un acuerdo que Goienetxea firmó en 2004, cuando era alcalde, con la conservera Ormaza, propietaria de los terrenos.