Fernández Valdivielso ha precisado al respecto que si la Fundación CAN envía los documentos pedidos se puede enfrentar a «una sanción de la Agencia de Protección de Datos de entre 300.000 y 600.000 euros», lo que «mermaría» su patrimonio, y además podría ser también «demandada por las personas físicas afectadas».

«La Fundación siempre ha mostrado total colaboración y transparencia porque no tiene nada que esconder», pero con los informes de que dispone no cuenta con una fórmula con garantías para entregar esos papeles.

Esta es la razón, ha asegurado, de que el patronato de la Fundación haya decidido no enviar más documentación al Parlamento que la ya remitida salvo que se pueda articular algún otro modo.

Y al respecto ha señalado que tampoco «anonimizar» la documentación les garantiza quedar libres de una sanción ya que son «cerca de 15.000 folios» los que se tendrían que revisar «uno a uno» para «de alguna manera tachar» los nombres y apellidos de las personas que «inevitablemente» figuran en ellos, y aún así «de la lectura del texto se podría deducir alguno».

Según Javier Fernández Valdivielso, los informes de terceros externos recabados por la Fundación CAN no plantean otra posibilidad que ésta, si bien ha subrayado que «la disposición es total y ojalá se pudiera articular algo».