Un par de lanzas tradicionales apoyadas en la esquina de una sala vacía es el único vestigio de que por aquí pasaron recientemente los shuar de Sarayaku, una de las tribus indígenas de Ecuador. Un equipo de vigilancia se mantuvo durante una semana, pero, ante el inicio de su mes de carnaval, retornaron al Amazonas. No obstante, temen verse obligados a volver a hacer guardia. La sede de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) es un local emblemático, un pequeño oasis en mitad de una zona industrial, con naves y centros comerciales en sus inmediaciones. Lleva en manos de los pueblos originarios desde hace más de dos décadas, cuando el Estado firmó un comodato que implica que los indígenas podían usar el espacio hasta 2021. Sin embargo, dicen que el documento se perdió y ahora temen ser desalojados por el Ejecutivo que dirige Rafael Correa. No es la primera desavenencia entre el presidente ecuatoriano y un sector social que le acompañó desde la campaña de 2006, en la que se hizo con la jefatura del Gobierno, pero cuyas relaciones, al menos con algunos de sus representantes, son ahora muy tensas. Tanto como para que Pachakutik, el partido tradicionalmente ligado a los indígenas, se aliase con Alberto Costa (expresidente de la Asamblea Constituyente) en una candidatura alternativa en los comicios de 2013, en las que obtuvo el 3,5% de votos.

«Uno de los requisitos para permanecer aquí es que no desarrollásemos actividades políticas», explica Rumi Yumbai, dirigente de las juventudes de Conaie y a quien le corresponde vigilar el fuerte a la espera de que lleguen más compañeros. «¡Claro que hacemos actos políticos!», remarca el joven, que insiste en que reivindicaciones indígenas como la de la educación (más presencia de las lenguas originarias frente al castellano) o la ecología siguen necesitando de su activismo. «Es un ataque contra el movimiento indígena por denunciar acciones del Gobierno que le afectan», insiste Yumbai, que vincula la decisión del Ejecutivo de Correa con las protestas lideradas por este movimiento para que no se exploten los yacimientos petroleros del Amazonas. Esa, no obstante, es una pelea más compleja. Aunque la pequeña casita de una altura que nació como comedor social y puede terminar convirtiéndose en centro público de rehabilitación para jóvenes con problemas de drogas se ha convertido en uno de los campos donde se batalla.

Cruce de acusaciones

«No solo se defiende la infraestructura, sino el proceso de movilización indígena», afirma Yumbai, contradiciendo la versión gubernamental que les reprocha que su preocupación sea una sede. De momento, han recurrido a la Justicia ordinaria, aunque los recursos han sido desestimados por los tribunales. Además, tampoco existe unanimidad en el campo indígena. «Tratan de dividirnos», protesta. Algunos de los líderes del movimiento no han secundado esta protesta y han seguido en las filas de Alianza País, la formación de Correa. El Ejecutivo, además, les acusa de haberse «aliado con la derecha» en sus críticas hacia el proceso, aunque estas vengan desde la izquierda.

Por ahora, la bandera indígena sigue ondeando, pero el riesgo de desalojo se mantiene, según confirmaba recientemente Yumbai. Proyectos como el tratado de libre comercio que Quito firmará con Europa vaticinan que este no será el último conflicto entre indígenas y un Gobierno al que piden más, pese a los amplios logros obtenidos.