Día 28 de septiembre de 2009. En presencia de varios deportistas navarros destacados, los principales dirigentes de UPN y PSN participaban sonrientes en la colocación de la primera piedra del Pabellón Reyno de Navarra Arena. En una jornada soleada, el presidente del Ejecutivo navarro, Miguel Sanz, y la alcaldesa de Iruñea, Yolanda Barcina, tiraban de pala en ese acto simbólico ante la atenta mirada, entre otros, del consejero de Economía, Álvaro Miranda; el director del Instituto Navarro de Deporte, el actualmente candidato de UPN a la presidencia de Nafarroa Javier Esparza; Roberto Jiménez, secretario general del PSN, y Elena Torres, presidenta del Parlamento y compañera de partido de Jiménez. La presencia de estas destacadas figuras del PSN tenía su lógica, ya que esa inversión había sido calificada como «prioritaria» dentro del Plan Navarra 2012, resultado de un acuerdo entre esta formación y el Ejecutivo de UPN.

En sus intervenciones, Sanz y Barcina insistían en la necesidad de levantar ese pabellón multiusos. En concreto, el presidente señalaba que esa dotación «es importante para la comunidad y para hacer frente a la crisis económica, piensen lo que piensen algunos, para hacer frente a nuestras necesidades, las que derivan de una sociedad moderna y competitiva». En la misma línea, la alcaldesa de Iruñea defendía «esta obra tan debatida y demandada, acorde con el crecimiento de nuestra comunidad y un verdadero orgullo».

De esta manera se daba el pistoletazo de salida a una dotación situada junto al estadio de Osasuna, club que había cedido el terreno, y que tenía un coste de 60 millones de euros para levantar una infraestructura con una pista central multiusos para 10.000 espectadores, un frontón para 3.000 personas, varias salas y un aparcamiento subterráneo para 355 vehículos. Entre las “joyas” de este proyecto estrella del régimen, destaca una grada escondida en el suelo del pabellón, que sale a la superficie en 30 minutos y que es giratoria, lo que permite incrementar notablemente el aforo si así se desea.

La justificación para tan magna obra era que equipos navarros que entonces militaban en la élite de sus respectivos deportes, léase, por ejemplo, el San Antonio de balonmano, dispusieran de un pabellón en condiciones en el que jugar. Asimismo, se pretendía conseguir que Iruñea albergara alguna de las finales de los campeonatos de pelota y que hasta la capital navarra llegaran eventos culturales destacados, del estilo de conciertos de grandes grupos o solistas, o ferias.

Sin embargo, casi seis años después, el Reyno de Navarra Arena no parece ser tan necesario ni tan demandado como aseguraban entonces los representantes de UPN y PSN. De hecho, a pesar de que se encuentra prácticamente terminado desde hace dos años, a día de hoy sigue cerrado y sin que exista una fecha para su posible apertura, a pesar de que su mantenimiento ya supone un gasto anual de 390.000 euros.

Precisamente por ese motivo, hasta la Cámara de Comptos, el órgano fiscalizador del herrialde, recomendó al Ejecutivo de Barcina en un informe presentado el mes pasado que «independientemente de la decisión sobre su apertura, se planifique el mantenimiento y conservación de las instalaciones, algo necesario por la inversión pública realizada y la complejidad técnica de dichas instalaciones». En concreto, la inversión ha ascendido hasta el momento a 54,3 millones y todavía están pendientes de adjudicar inversiones que suman 6,2 millones, correspondientes al edificio de federaciones, museo del deporte y equipamientos.

Uno de los puntos de ese informe que más en evidencia ponía a los partidos del régimen era el que denunciaba que el Navarra Arena se había llevado a cabo sin un estudio de viabilidad. Según se recogía en el trabajo de Comptos, «en la documentación revisada que acompaña al Plan Navarra 2012, no constan análisis o estudio de las necesidades a cubrir con esta infraestructura». Y siguiendo en esa línea de falta de planificación, destacaba que el Gobierno de Nafarroa «no ha concretado el modelo de explotación y de gestión del pabellón, aunque se están buscando fórmulas de colaboración con el sector privado para tratar de rentabilizar las instalaciones». En cualquier caso, a Comptos no le convencía ninguna de las posibles opciones que estarían encima de la mesa (gestión pública, privada, mixta o incluso venta) por el coste que entrañaría a las arcas públicas y por la dificultad de encontrar una empresa que se haga cargo de la gestión del pabellón o incluso que se pueda plantear comprarlo.

Tal vez en su apreciación de esta última opción puede haber pesado lo sucedido con el también paradigmático Circuito de Navarra en Los Arcos. La historia de esta infraestructura partió en 2007 de una iniciativa privada a la que se sumó posteriormente el Gobierno de UPN, que se hizo con el control del 95% de la empresa del circuito. El coste final ascendió también a 60 millones de euros y fue inaugurado el 19 de junio de 2010 a pie de pista por prácticamente los mismos protagonistas de la primera piedra del Navarra Arena.

Aunque finalmente la obra había sido financiada con dinero público, el circuito ha terminado en manos privadas, ya que ha sido arrendado por el Ejecutivo de Barcina por un periodo de cinco años a cambio de 1,3 millones de euros. El alquiler no deja de ser un parche para que no se incremente la inversión de 60 millones, que siguen pesando y mucho. Tanto que hasta el Gobierno se está planteando venderlo, aunque por una cantidad muy inferior, ya que está barajando como precio mínimo los 15 millones de euros. Pero aunque se llegara a vender por esa cantidad, las servidumbres para el Ejecutivo seguirían estando presentes, tal y como ha puesto de relieve el parlamentario de Bildu Koldo Amezketa, quien se cuestiona «por qué está dispuesto a vender el circuito por 15 millones y por qué después de venderlo tendremos que seguir haciendo frente a una deuda de 27 millones por los préstamos pendientes», ya que, según sus datos, de 2009 a 2024, el Gobierno de Nafarroa debe pagar 2,6 millones al año por la deuda contraída.

Estos dos casos son los más emblemáticos a la hora de poner en evidencia la política del derroche practicada por el Gobierno del régimen, pero existen otros terrenos en los que la especulación ha funcionado y sigue funcionando para alegría de determinados bolsillos privados y desgracia de las arcas públicas, ya que su repercusión es incluso muy superior a la de las infraestructuras citadas.

Lezkairu, «un barrio bien». El urbanismo es, sin duda, el ámbito en el que más ha hecho y está haciendo el régimen por las élites económicas que lo sostienen, como se puede comprobar haciendo un repaso a los proyectos existentes en Iruñea y su comarca. Uno de ellos es el del Soto de Lezkairu. En una zona de Iruñea con un fuerte olor a santidad, ya que está presidida desde su parte superior por las estatuas del papa Juan Pablo II y el Sagrado Corazón de Jesús levantado en la parte trasera del Seminario, se programó la construcción de más de 6.000 viviendas en un espacio ocupado hasta entonces por huertas y campos.

Los representantes de UPN en el Gobierno de Nafarroa y el Ayuntamiento de Iruñea pisaron el acelerador para que este proyecto estuviera definido antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Ordenación del Territorio y del Urbanismo, ya que de esa manera evitaban que le afectara el incremento de porcentaje de VPO exigible a los promotores. Así se garantizaban que la urbanización tuviera la filosofía que les interesaba y que el entonces concejal de Urbanismo de Iruñea, el actualmente vicepresidente del Gobierno de Barcina Juan Luis Sánchez de Muniain, condensó en la idea de que se buscaba «un barrio bien».

Pero de por medio estalló la crisis y «curiosamente tuvieron que incorporar de tapadillo más VPO para que les salieran las cuentas. Para ello, recurrieron a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Urbanismo de 2009, que permitía que en unos suelos que ya están finalizados en su vertiente administrativa se pueda incrementar el número de viviendas sin que impacte en los ratios urbanísticos, es decir, sin incrementar las cesiones para dotaciones, zonas verdes...», señala Joxe Abaurrea, abogado urbanista y gran conocedor de la política llevada en este terreno por el régimen.

Años después, una visita a la zona arroja el dato de que se ha levantado entre el 10 y el 15% de las edificaciones previstas. El lugar está urbanizado desde principios de 2013 e incluso cuenta ya con parques infantiles, pequeñas plazas y hasta un espacio para que los mayores puedan hacer gimnasia con varios aparatos. Incluso recientemente se inauguró un parque de 93.000 metros cuadrados que une peatonalmente Mendillorri, el Ensanche y Lezkairu, pero la hierba sigue creciendo de manera espontánea en la mayoría de los espacios edificables delimitados por amplias aceras.

Las personas que más se ven pulular por la zona son obreros que trabajan en algún edificio en construcción y que se mueven entre carteles que anuncian viviendas «premium» a precios «asequibles» y la entrega de nuevas viviendas en el plazo de uno o dos años. Los bajos para locales no han sido ocupados y se suceden las pintadas en las que se anima a los posibles interesados a plantear su oferta por ellos. Por ahora, no están teniendo mucho éxito, ya que tan solo se anuncia la próxima apertura de una “gastroteka”, lo que convertiría a ese establecimiento en el único disponible para los vecinos en toda la zona.

Este no es el único espacio en construcción o con viviendas en cartera en Iruñea y aledaños. Erripagaina, que administrativamente depende de varios municipios, también está completando su parque de 4.000 viviendas, a las que se sumarían las 9.000 previstas en la zona de Etxabakoitz, lo que supone crear «un ensanche gigantesco en función de que supuestamente ese sería el emplazamiento de la futura estación del Tren de Alta Velocidad». En origen se iban a construir 7.000 viviendas en ese punto, pero se sumaron otras 2.000 al proyecto inicial «para cuadrar la operación. Se trata de que salgan las cuentas con las indemnizaciones que hay que pagar y por el traslado de Inquinasa, una industria química, con la complejidad que algo así entraña», desgrana el abogado urbanista. Otro proyecto en la zona sería Donapea en Cordovilla, recientemente recuperado por el Gobierno de UPN tras subsanar sus problemas legales y que cuenta con una previsión de 4.300 viviendas. Incluso la Txantrea y el Segundo Ensanche de Iruñea, dos barrios consolidados, también se ven afectados por la especulación. En el primer caso, han comenzado los derribos para acometer la construcción de 600 viviendas nuevas. Y en el segundo, en el último pleno del Ayuntamiento de Iruñea de esta legislatura, UPN y PSN unieron sus votos para sacar adelante el polémico proyecto de Maristas, que posibilita la construcción de 314 viviendas en un solar que está destinado a educación. Como denunció públicamente EH Bildu, el plan para el antiguo colegio, que contempla la construcción de una torre de veinte plantas (casi 70 metros de altura), va a suponer un beneficio para el promotor de doce millones de euros, nueve de ellos del solar recalificado, mientras que el Consistorio obtendría 500.000 euros y un local de 1.900 metros cuadrados con un coste de rehabilitación de dos millones.

Como se puede comprobar, la lista es muy larga, de tal manera que «con lo que ya está puesto en marcha, todavía quedan años de construir viviendas», concluye Abaurrea.

Viviendas para otras 300.000 personas. En realidad, los planes urbanísticos son tan numerosos e importantes que «en la comarca de Iruñerria ya están programadas unas 80.000 viviendas. Es decir, si la comarca de Iruñerria ya cuenta con unos 300.000 habitantes, estamos hablando de que está prevista otra comarca entera, otras 300.000 personas, en un herrialde que tiene un total de 600.000 habitantes. Y aun así, el Gobierno de Nafarroa quiere hacer cosas como Gendulain».

Con esa denominación se conoce el macroproyecto que pretende realizar el régimen en el paraje del mismo nombre situado entre Galar y Zizur, a tres kilómetros de Iruñea, y que contempla levantar más de 18.000 viviendas. De hacerse realidad, ese lugar contaría con 50.000 habitantes, convirtiendo a Gendulain en la segunda ciudad del herrialde. El proyecto se completa con un área de actividad económica con una superficie de 184.336 metros cuadrados para albergar empresas relacionadas con la eficiencia y la energía sostenible.

El Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Gendulain fue aprobado por el Gobierno de UPN en 2010, pero fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa por dos defectos formales. Desde entonces, quedó paralizado, hasta que el Ejecutivo de Barcina cumplió con ese requerimiento judicial y el pasado diciembre, aprobó definitivamente el PSIS, lo que en la práctica reactivaba el plan.

La oposición criticó con dureza de nuevo este «despropósito urbanístico y social», que el consejero de Fomento del Gobierno de Nafarroa, Luis Zarraluqui, justificó en el hecho de que no aprobar ese PSIS habría supuesto que el Ejecutivo tuviera que pagar una indemnización de 140 millones de euros a los promotores. En sede parlamentaria, Zarraluqui recordó que la operación de Gendulain se plantea «a través de un concurso de suelo que se sustancia en un contrato. La otra parte (los promotores) cumplió, puesto que aportó los suelos que estaban previstos, que había constituido su oferta, y el Gobierno está en la obligación de entregar a estos propietarios originales las parcelas que resultan de la ordenación del área y que serán las que acaben siendo definidas por el proyecto de reparcelación».

Con estas palabras, el consejero estaba resumiendo el modo de proceder del régimen en materia urbanística y que está resultando muy lucrativo para determinados lobbys. Como señala Joxe Abaurrea, «la vivienda para UPN ha sido y es un objeto de mercadeo, y todo obedece a la técnica de estrujarle el valor al suelo. Para ello, hace planes de incidencia supramunicipal, con lo que sustrae la capacidad de decisión de los municipios, y fija la posible construcción de viviendas. ¿Esas viviendas se construirán realmente? Ya se verá, pero así se garantiza la obtención del derecho a construir, de tal manera que o se construye o se indemniza por parte de la Administración. Y eso es gravísimo».

Como ha denunciado el parlamentario de Bildu Koldo Amezketa, «se está garantizando que los promotores y los bancos, que soportan los créditos, pase lo que pase, puedan recuperar su dinero; intereses particulares que se van a solucionar con el dinero público».

Ante la posibilidad de que tras los comicios de la semana que viene UPN pueda quedar fuera del poder, «el Gobierno de Nafarroa se ha lanzado a una carrera loca e irresponsable de consolidar derechos edificatorios a una serie de promotores en lugares donde ni interesa, ni se va a construir en mucho tiempo. Pero el daño general y el beneficio futuro de los promotores ya está hecho», concluye Joxe Abaurrea.

Gendulain es el caso más brutal, pero «hay muchos más por todo Nafarroa, como el campo de golf en Lekaroz, que va acompañado de 255 viviendas. Son desarrollos conflictivos y desastrosos desde una perspectiva urbanística y contrarios a las técnicas más extendidas de ciudad compacta. Son setas absolutamente descontextualizadas, grandes pelotazos urbanísticos», define Abaurrea.

Este modo de proceder responde a una política que «opta por la peor posibilidad y la explicación es siempre la misma: derivar dinero público hacia una maquinaria que vive, por ejemplo, de infraestructuras aunque sean fantasmas. Es el caso del Navarra Arena, que se justifica para contar con un aforo de 15.000 personas para determinados eventos, aunque resulta que ya se disponía de un espacio con esa capacidad. Es la Plaza de Toros de Iruñea, que tiene ese aforo, está infrautilizada y se encuentra en el centro de la ciudad. Se podía haber cubierto y con una inversión mínima, conseguir lo que supuestamente se buscaba. Pero no, se opta por construir una infraestructura nueva, lejos del centro, que está vacía y no hay capacidad económica para sacarle rendimiento. Es otra barbaridad, como el circuito de Los Arcos, que ni siquiera era una programación pública, ya que la puso en marcha una iniciativa privada, a la que a medio camino se le vino abajo, se la endosó a la Administración y esta se la encargó construir a esa misma iniciativa privada y sin que se convocara el correspondiente concurso».

Políticos subcontratados. Como se puede apreciar, lejos de abandonar el modelo del ladrillo que nos llevó a la crisis, como se ha repetido tantas veces estos últimos años, este vuelve con fuerza. ¿Cómo se entiende algo así? ¿No se ha aprendido nada de los errores cometidos? La explicación a este empeño en sostenella y no enmendalla es bien sencilla, aunque resulte demoledora. «UPN pertenece a la denominada clase política subcontratada, ya que desde el poder va marcando unas líneas de actuación que benefician a unas élites muy concretas. Se ha nutrido de esas élites que le han mimado y le han impulsado, y por eso no sabe hacer otra cosa. No ha querido o no ha podido crear otros modelos económicos alternativos y es una de las razones por las que está incapacitado para cambiar Nafarroa. Las pulsiones que hay en la trastienda de UPN van por ahí, porque siga el negocio y no deje de girar la ruleta, y no por ordenar bien el territorio o asegurar el derecho de acceso a la vivienda», desgrana el abogado urbanista.

La muestra más evidente de los verdaderos motivos que impulsan la política del régimen en esta materia es que se prevé la construcción de todas esas viviendas, a pesar de que «las estimaciones estadísticas hablan de entre 25.000 y 30.000 viviendas vacías en la comarca de Iruñerria, una cantidad que ya cubriría las previsiones de vivienda en los próximos ocho o diez años». Lo cierto es que no se puede ofrecer una cifra exacta, porque «no existe un censo de vivienda desocupada, aunque se ha anunciado que se va a realizar. Así que se prevé construir todas esas viviendas nuevas sin contar ni siquiera con ese dato, sin tener un conocimiento exacto de cuál es el parque inmobiliario existente. Es impresionante».

Una escandalosa falta de previsión ya habitual, como está quedando en evidencia, a la que se suma el hecho de que, además, «el Gobierno de Nafarroa está vendiendo suelo industrial por debajo del mercado, porque la oferta es mucho mayor que la demanda, de tal manera que se está perdiendo dinero público. Podía ser una política programada para fomentar la industrialización, pero no es así, porque se ha construido una vez más sin planificación y ahora tienen que conseguir dinero como sea para poder cuadrar los presupuestos. Es otro problema menos visible que el de la vivienda, pero también muy gordo», desvela Abaurrea.

Así que si finalmente el régimen se queda fuera del Palacio de Diputación tras los comicios del próximo domingo, el Ejecutivo del cambio se encontraría «con una herencia muy endiablada. Como se suele decir, se retira el enemigo, pero deja el terreno lleno de minas».

La mejor demostración del desastre que legan a los posibles nuevos gestores y a la ciudadanía en general es que hasta la mismísima Barcina parece renegar de lo que ha hecho su Gobierno, su partido y el régimen en general. Según aseguró recientemente sobre el Navarra Arena la todavía presidenta del Ejecutivo y de UPN, el pabellón multiusos «es una obra de la legislatura anterior y yo, como alcaldesa, ¿qué podía hacer? ¿No ceder el solar?». De sus palabras se desprende que ya no parece tan orgullosa de la emblemática y contestada instalación, aunque su pupilo y candidato de UPN a sucederle al frente del Ejecutivo no parece tener tantos escrúpulos. Esparza ha asegurado en repetidas ocasiones que está dispuesto a abrir ese pabellón, en cuya construcción estuvo implicado directamente como director del Instituto Navarro de Deporte.

Se llegue a abrir o no el tristemente famoso pabellón Navarra Arena, el daño a las arcas públicas ya está hecho, como ocurre con tantos otros megaproyectos que se han convertido en los exponentes de los derroches interesados del régimen.