En el corazón de Agurain, a pocos metros del Casco Medieval, se erige la fábrica Curtidos de Salvatierra. Una nave industrial abandonada que está flanqueada por las aguas del arroyo de Santa Bárbara –afluente del Zadorra– y por las viviendas de unos vecinos que asisten impotentes al desprendimiento de los tejados de uralita, revestidos de amianto. Y la presencia de este elemento cancerígeno es solo uno de los peligros que esconde la planta, donde se almacenan toneladas de lodos y aguas crómicas, más de 5.000 metros cuadrados de fibrocemento con amianto, escombros contaminados del fresado de la solera, resinas y colorantes, fuel, y toneladas de escombro con hidrocarburos y de grasas sintéticas. Además de una variedad de disolventes y materiales contaminantes sin cuantificar.

Esta es la realidad con la que conviven Raquel Lafuente y Lourdes Arrieta, que en semana y media reunieron 1.152 firmas apara solicitar una reunión con las partes implicadas: Ayuntamiento de Agurain, la empresa Txingurrimendi y la constructora Bonabarros, propietarias del terreno. La cita, que tenía por objeto dar una solución a los problemas de salud y seguridad asociados a la presencia de la fábrica, puso de manifiesto la posición inflexible de la constructora, que, según indican los vecinos, se niega a pagar el derribo de la nave y la descontaminación del suelo. «Ellos dicen que no tienen dinero, pero es su obligación legal porque esto está declarada en ruina», manifiestan en declaraciones las dos mujeres, que muestran las zonas donde se han producido los desprendimientos. «La fachada está al aire y han tenido que venir los bomberos».

El precinto corrobora la versión de las vecinas, que reclaman la demolición de una fábrica que echó el cierre hace más de cinco años. El Ayuntamiento de Agurain comparte la queja de los residentes y trabaja para cerrar un acuerdo con la empresa constructora que, tal como recoge un documento elaborado por el Ayuntamiento, «plantea un número excesivo de viviendas, lo que daría lugar a una operación especulativa con un rendimiento económico fuera de lógica a costa del dinero público».

Cabe destacar que el Consistorio, gobernado por EH Bildu, ha inventariado los materiales abandonados en las instalaciones de la empresa, y ha solicitado autorización al Gobierno de Gasteiz parta la demolición de la fábrica y la descontaminación del suelo. Una petición que fue aceptada el 22 de julio de 2014, cuando se iniciaron los trámites para la adjudicación de las obras de demolición y gestión de residuos de las instalaciones por una cuantía de 449.692,07 euros. Dinero que, legalmente, deben aportar los propietarios de los terrenos. Así, el 23 de octubre la Alcaldía emitió un decreto en el que se daba a los propietarios el plazo de un mes para que abonasen los gastos en concepto de anticipo por los trabajos de derribo.

En concreto, reclamó 140.218,48 euros a Txingurrimendi y 298.266,81 euros a Bonabarros. La primera empresa, formada por trabajadores de la extinta Curtidos de Salvatierra, se declaró en concurso de acreedores, y la segunda se negó a abonar las derramas solicitadas. Ante esta situación, el Ayuntamiento le remitió un nuevo requerimiento de siete días el pasado mes de diciembre, pero la constructora continúa sin abonar la parte correspondiente. Y ha presentado un recurso vía judicial. En respuesta a esta decisión, el Consistorio de Agurain se ha personado en un recurso contencioso administrativo, y ha reclamado las cantidades adeudadas vía apremio. Si llega a ejecutarse la vía de apremio correspondiente a la parte de la constructora, el Gobierno local está dispuesto a adelantar el dinero requerido a Txingurrimendi para poder avanzar en la adjudicación de las obras y el posterior derribo, que podría darse en tres meses.

En el ámbito político, el Pleno ha aprobado una moción instando a Lakua y a la Diputación de Araba a adelantar la financiación para demoler las instalaciones. Pese a que el edificio está declarado en ruina, el Ayuntamiento no puede proceder a ejecutar las obras de forma subsidiaria, ya que debe respetar las obligaciones dispuestas en el plan de viabilidad aprobado por las Juntas Generales. Un plan de ajuste adoptado para poder hacer frente a las deudas contraídas por el exalcalde Iñaki Beraza, que tras haber militado en EA y H1! encabeza la candidatura del PNV a la Alcaldía.

Operación urbanística

El Gabinete soberanista también culpa al ex primer edil de la continuidad de la planta. Acusa a los gobiernos de Beraza de poner en marcha una operación urbanística que, «bajo el objetivo inicial de conseguir un rendimiento económico que posibilitara el traslado de la fábrica de Curtidos Salvatierra a la zona industrial para que siguiera con su actividad, ocultaba actuaciones municipales oscuras y denunciables, con intereses especulativos poco claros de tipo privado. Y en ese esquema de gestión la solución al problema medioambiental que afecta a los vecinos quedó relegada al último lugar».

Para argumentar estas acusaciones, el Ayuntamiento recuerda que los técnicos que asesoraban y redactaban los cambios urbanísticos de la zona, que comenzaron su trabajo en el año 95, fueron sustituidos por el arquitecto de la constructora. Además, los técnicos de esta empresa pasaron a ser asesores en el Consistorio y redactaron las normas urbanísticas para el área donde se ubica la planta de curtidos. Este hecho fue denunciado por la oposición, que presentó un recurso de reposición. Una medida que fue rechazada en base a un informe jurídico elaborado por una letrada que, al parecer, tenía una relación familiar con uno de los firmantes de los documentos técnicos, algo que, en opinión del Gobierno local, «pone en duda su capacidad legal».

Asimismo, el Gabinete de Beraza realizó tres recalificaciones para financiar el traslado de la fábrica, un objetivo que no se materializó. Cabe señalar que, según el Ejecutivo local, las recalificaciones de los terrenos se hicieron sin realizar un estudio económico-financiero que justificase la necesidad de dicha recalificación y que «de forma transparente» concretase las cantidades económicas que se preveían ingresar. Tampoco se firmó ningún documento, «ni se incluyeron cláusulas legales que, de forma transparente, señalen quiénes son los beneficiarios» del dinero obtenido de la desclasificación de 16 viviendas de protección oficial, que pasaron a ser libres. Este cambio multiplicó los precios de los pisos, y generó grandes beneficios económicos. Una fuente consultada por GARA sostiene que esta operación pudo generar un beneficio de 600.000 euros, cantidad que no está en manos del Ayuntamiento. «¿Por qué aquel Gobierno municipal se negó a controlar este dinero de forma transparente?, ¿dónde está ese dinero?, ¿a qué se ha destinado?». Parece que no hay una respuesta a estas tres preguntas, planteadas por el equipo de García de Vicuña, que denuncia una tercera recalificación en 2009.

«La falta de transparencia en la operación durante años ha posibilitado que la empresa constructora siga exigiendo más y más viviendas, más y más rentabilidad, sin que se pongan sobre la mesa todos los rendimientos económicos pasados y futuros», destaca el Gobierno de Agurain, que, tras el derribo de la fábrica, está dispuesto a llegar a un acuerdo urbanístico «equilibrado» que permita una rentabilidad para los propietarios y salvaguarde los intereses públicos.

Los estudios realizados por los asesores técnicos municipales, que han tenido en cuenta los gastos de compra del terreno, proponen la contrucción de 70 viviendas, tal como recoge el Plan General de Urbanismo. «Las cifras en las que nos movemos permiten un acuerdo para los intereses de todas las partes, ya que por encima de esas cifras estamos hablando de una operación especulativa», subraya. Pero las conversaciones con la empresa constructora no han sido fructíferas, y algunos vecinos creen que la mercantil está alargando el proceso con la esperanza de que un cambio en la Alcaldía le facilite la consecución de sus objetivos. «Todos pensamos eso», señala Lafuente, que, cansada de ver cómo se precipitan los cascotes y las uralitas revestidas de amianto, reivindica la demolición de la fábrica y la descontaminación de los terrenos.

Beraza habla de gestión

En el pleno del 26 de marzo, Beraza criticó la postura de EH Bildu y votó en contra de una moción en la que se solicita la implicación de la Diputación y del Gobierno de Gasteiz. En su explicación de voto, el candidato del PNV a la Alcaldía de Agurain acusó a la coalición soberanista de «no haber sabido gestionar» el derribo de Curtidos Salvatierra, un problema heredado de su etapa al frente del Consistorio aguraindarra.

A su vez, rechazó la opción de pedir dinero a otras instituciones, y apostó por llegar a acuerdos con los agentes implicados, en alusión a Bonabarros. El acta de la sesión recoge una discusión entre Beraza y la alcaldesa, Maider García de Vicuña. Un debate que puso de manifiesto la existencia de dos modelos, el de EH Bildu, que no acepta una operación especulativa, y el del portavoz jeltzale, que no cierra la puerta a la modificación de los planeamientos para cerrar un acuerdo con la empresa constructora.

En 2012 el Ayuntamiento puso en marcha un Plan de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo de solucionar los problemas de deuda heredados de la etapa de Beraza, que dejó un agujero de 11 millones de euros en la arcas municipales, el equivalente al 200% del presupuesto. Este plan, tutelado por la Juntas Generales del herrialde, pretende reducir en 15 años la deuda hasta el 80%, para lo que tendrá que destinar buena parte del gasto corriente a paliar la deuda acumulada.