Aunque es la más restrictiva, la privación de libertad no suele ser la única pena que se inflige a los militantes vascos. La Justicia española, por ejemplo, aplica sistemáticamente la inhabilitación para cargos públicos por un determinado número de años a las personas condenadas por «terrorismo». Además, puede ocurrir que a alguien se le prohiba residir en zonas o localidades concretas, por ser el escenario de algún hecho que se le imputó o para evitar la cercanía con personas que hayan resultado damnificadas por el mismo.

En el Estado francés los tribunales también dictan penas accesorias a la de cárcel, como la de restringir los derechos civiles y/o políticos (derecho a voto, inhabilitación para ser candidatos en elecciones, multas, prohibición de acercarse a la víctima…). En el caso de personas de «nacionalidad española» condenados en el Estado francés, la de la prohibición total de su territorio es casi sistemática.

Se trata de un veto total a residir, permanecer ni siquiera temporalmente e, incluso, de pisar «suelo francés», al considerar a dicha persona «peligrosa» para el orden público y, por ende, non grata.

Es una sanción judicial, dictada por el juez (y no por el prefecto, como puede ocurrir por vía administrativa) contra ciudadanos extranjeros que hayan sido declarados culpables de determinados delitos. Puede ser temporal o definitiva; en el primer caso no puede exceder de diez años.

La prohibición de territorio comporta la conducción automática a la frontera en cuanto concluye el periodo de privación de libertad. Su infracción puede conllevar una condena de hasta tres años de cárcel y en el caso de que la prohibición inicial fuese temporal –no definitiva–, un nuevo periodo de proscripción de hasta diez años.

279 prohibiciones

De las 329 condenas dictadas contra militantes vascos en los últimos diez años, los tribunales franceses han impuesto esa pena en 279 ocasiones en los 113 juicios habidos en ese periodo tanto en el Tribunal Correccional como en el Tribunal Penal (Cour d’Assises). Solo en diez juicios no hubo tal petición. En todos los casos, salvo en uno, se trata de prohibiciones definitivas, ad vitam aeternam.

Las personas afectadas pueden solicitar la anulación de la prohibición al mismo tribunal que la dictó aportando elementos que argumenten su necesidad de retornar al Estado francés pero, hasta el momento, a ningún militante vasco le ha sido revocada. Así, se dan casos tan lacerantes como el de personas cuya familia e hijos residen en territorio francés y no pueden convivir con ellos. O quienes podían recuperar el puesto de trabajo que tenían antes de ser condenados y se les impide hacerlo. También hay expresos que no pueden visitar a su compañera, familiar o amigo que se encuentran en una cárcel francesa.

En la cárcel, más unidos

Es lo que le ocurre a Igor Igartua. Liberado hace dos años tras permanecer seis encarcelado, fue expulsado inmediatamente al Estado español, donde quedó libre sin cargos. Pero, al pesar sobre él la pena de prohibición del territorio, no puede visitar a su compañera, presa en una cárcel francesa desde hace ocho años y cuya condena de privación de libertad no finalizará hasta dentro de cinco aproximadamente.

Tienen un hijo de siete años, quien sí puede visitar a la madre. «Lo curioso del caso es que cuando los dos estábamos en la cárcel, podíamos tener visitas conjuntas con nuestro hijo y, en cierto modo, manteníamos una relación de unidad familiar. Ahora eso no es posible», explica, haciendo hincapié en que es ese derecho a la vida familiar el que invoca, «en particular, desde la perspectiva de nuestro hijo».

La situación no tiene visos de arreglarse a corto plazo. Igartua solicitó al tribunal la revocación de la prohibición del territorio pero se la denegaron. «Presenté un recurso que se dirimirá justo el 28 de este mes, pero tengo cero esperanzas porque es el mismo tribunal que me condenó quien decide, tanto en primera instancia como el recurso».

El bilbotarra afincado ahora en Iurreta considera que el Estado francés sigue estancado en una «estrategia de guerra». «Hace unos años –comenta–, podría entenderse que nos considerasen como un peligro para su territorio pero en la situación actual es incomprensible que continúen con esa estrategia de guerra, alineados totalmente a la política del Estado español».

La posibilidad de que París y Madrid se entiendan para poner en marcha una eventual «repatriación» de los presos del otro lado del Bidasoa no es una solución para Igartua. «Las condiciones de encarcelamiento empeorarían para mi compañera», asegura, esperando el día en que, finalmente, su deseo, como el de muchos otros familiares, encarcelados y exiliados se haga realidad, es decir, «estar los tres juntos en casa».

Asignación a residencia

Según la ley, a algunos extranjeros, por el hecho de llevar muchos años residiendo en suelo francés o por la existencia de lazos familiares directos (matrimonio, hijos…), no se les puede aplicar la pena de prohibición del territorio. Sin embargo, no es lo que le ha ocurrido a Oier Oa.

El donostiarra, que abandonó la cárcel de Bois d’Arcy el 4 de abril, también tenía incluida en su condena la prohibición de territorio. Sus abogadas han solicitado al tribunal la anulación y están a la espera de respuesta.

En su caso, la cosa es más complicada. En principio, Oa debía ser expulsado al Estado español al término de su condena pero las autoridades francesas no pueden hacerlo porque se da la paradoja de que un tribunal francés rechazó la euroorden en su contra solicitada por Madrid en base a su militancia en Segi.

Es una de las circunstancias recogidas en el Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo que impide la expulsión al país de origen. En esos casos, se aplica la asignación a residencia. Así ha sucedido con el donostiarra, que fue confinado primeramente en Saint Germain-en-Laye y más tarde en Sartrouville, donde se encuentra actualmente, a 800 kilómetros de su casa.

Su petición en procedimiento de urgencia para que esa medida le fuera aplicada en Ipar Euskal Herria, donde estaba afincado antes de su detención y donde viven su compañera y sus hijos, fue rechazada. Dentro de unas semanas, el mismo tribunal examinará la misma demanda presentada por la vía habitual. Según su abogada, Xantiana Cachenaut, «es muy posible que no la acepten, porque en el procedimiento de urgencia el tribunal ha mostrado una posición muy cerrada al respecto». La situación de confinamiento de Oa podría variar en el supuesto de que la Audiencia Nacional española decidiese archivar el sumario abierto en su contra por pertenencia a Segi; la euroorden decaería, pero automáticamente le aplicarían la expulsión porque tiene prohibido estar en territorio francés, con lo cual no podría regresar a Larresoro junto a su familia.

Otros dos casos

En los últimos años solo ha habido otros dos casos similares de asignaciones a residencia por no poder ejecutar la prohibición del territorio.

El bilbaíno Aner Gómez Agirre fue confinado el 24 de marzo de 2007 en Bar-le-Duc (Meuse), donde permaneció dos años antes de ser expulsado al Estado español, y el aginagarra Patxi Segurola pasó otros dos años y medio confinado en Autun (Borgoña) tras ser excarcelado el 15 de febrero de 2011.

Los confinamientos conllevan, además, medidas cautelares muy drásticas. Por ejemplo, Patxi Segurola no podía salir de la localidad donde estaba asignado y debía presentarse dos veces al día en la Gendarmería. A Oier Oa le han impuesto condiciones parecidas; en su caso, debe acudir tres veces al día al control policial.

Eider Uruburu fue condenada por infringir la prohibición

Hace unas semanas, en concreto el 28 de abril, Eider Uruburu quedó en libertad después de cumplir una pena de ocho meses de cárcel impuesta en un procedimiento de comparecencia inmediata por haber infringido la prohibición definitiva de pisar territorio francés.

La bilbaína fue detenida en noviembre en las inmediaciones del Palacio de Justicia de París, adonde había acudido para asistir al juicio de su marido, Aletxu Zobaran, a quien no puede visitar, precisamente, por tener vetada la entrada en el Estado francés.

El fiscal llegó a pedir hasta dos años de cárcel por no respetar dicha prohibición. Es la primera vez que se da una condena tan severa por ello contra una expresa vasca. La ley estipula que la pena por la violación del territorio puede llegar a ser de hasta tres años de cárcel.A.M.