El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, responsabiliza a Sánchez Alegría de la operación por la cual se facilitó a los promotores de Epsilon el acceso a un crédito de 16 millones de euros para adquirir unas instalaciones en el Parque Tecnológico de Araba, en una decisión que la mayoría de partidos han interpretado como un «aval encubierto».

Aquella decisión incluía el compromiso de que en caso de que Epsilon no pudiera hacer frente a la devolución del préstamo, las instituciones asumirían ese pago y se quedarían con la propiedad de las instalaciones. Finalmente fue esto lo que ocurrió y las instituciones tuvieron que pagar el crédito de Epsilon.

El fiscal considera que esta decisión del Parque Tecnológico de Araba (PTA) pudo haber «incumplido de manera palmaria» la normativa vigente, causando a este complejo «un perjuicio patrimonial de muy graves consecuencias». Además, añade que la decisión se adoptó sin realizar «estudio alguno sobre la solvencia de Epsilon para hacer frente a la operación».

«Obviando los requisitos»

El Ministerio Público considera que Sánchez Alegría, como responsable del PTA, decidió firmar los contratos que avalaban la operación «siendo consciente que, con ello, obviaba los requisitos jurídicos y económicos exigibles, y de que las mismas podrían causar un evidente perjuicio patrimonial al PTA».

El fiscal afirma que, al margen de a Sánchez Alegría, a los consejeros del PTA «se les ocultó el contenido y consecuencias reales de los negocios suscritos, pues no se les entregaron los informes jurídicos emitidos, ni se les informó sobre las consecuencias económicas y de otro orden que conllevarían».

Por ese motivo, archiva las actuaciones contra el resto de miembros del Consejo. En el caso de Sánchez Alegría, la Fiscalía ha decidido interponer una querella criminal por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal y delito societario en relación con el ‘caso Epsilon’.