Churiaque ha comparecido en el Parlamento de Gasteiz a petición de EH Bildu para dar cuenta del informe de fiscalización de los 2,2 millones de euros en ayudas otorgadas por el Gobierno Lakua a este fallido proyecto automovilístico, que ha acabado en manos de la Justicia tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Araba contra sus promotores por, entre otros, el delito de malversación de caudales públicos.

Ha explicado que el informe de fiscalización de las ayudas otorgadas a Hiriko –aprobado por mayoría el pasado mayo y remitido a la Cámara en junio– se incluyó en el análisis de las cuentas correspondientes a 2013 de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y que en él se detectaron varios «ilícitos administrativos».

En concreto ha señalado que se entregaron ayudas por un cómputo de 2,2 millones de euros en el marco del programa Etorgai, dirigido a proyectos de I+D, y Ekintzaile, de apoyo a personas emprendedoras, sin «exigir las garantías» que establece la legalidad para los supuestos de pagos anticipados a proyectos de innovación.

Churiaque ha explicado que el decreto que regula este tipo de ayudas obliga a exigir garantías cuando los pagos anticipados superan los 180.000 euros, lo que no ha sucedido con las empresas que lideraron Hiriko «Hay una práctica por parte de la Administración por no cumplir escrupulosamente el requisito de la norma», ha advertido.

También ha indicado que en el caso de Hiriko se ha observado que al igual que ha sucedido en otras ocasiones no se ha exigido justificar el 100% de todos los ingresos y gastos de la actividad para comprobar que la parte financiada por la Administración ha ido destinada al objeto de la ayuda.

«Si los criterios de tribunal se hubiesen llevado a la práctica antes del proyecto Hiriko, sin lugar a dudas nos hubiésemos dotado de mecanismos de mejor control que posiblemente hubiesen evitado algunas de las consecuencias actuales», ha aseverado.

«Están consiguiendo que un tribunal de cuentas les diga cuáles son las medidas correctoras que hay que tomar a la Administración y aquí no se toman», ha resumido Churiaque, quien ha justificado el desafecto de los ciudadanos ante las instituciones en este tipo de actitudes «laxas».

«El tribunal cumple cuando pone en conocimiento ante ustedes los ilícitos administrativos y espera que ustedes como legisladores cumplan proponiendo al Gobierno la modificación de la norma o la conducta», ha añadido.

Churiaque también ha explicado que al informe sobre Hiriko emitió un voto particular al estimar que el tribunal debería haber fiscalizado también las ayudas concedidas a este proyecto por el Gobierno central (unos 14 millones) y por la Diputación alavesa (37.000 euros).