El Parlamento británico ha aprobado, haciendo valer la mayoría absoluta de los tories, el que podría ser uno de los cambios más importantes en su historia, la propuesta del premier David Cameron de que los parlamentarios esoceses e irlandeses no puedan votar «leyes inglesas», planteamiento que realizó el líder conservador la misma mañana del 19 de setiembre de 2014, horas después de conocerse el resultado del referéndum escocés. El problema que plantea dicha ley para Escocia y el norte de Irlanda es que la mayoría de medidas financieras que se puedan tomar para Inglaterra tienen un reflejo directo en el presupuesto que después se destina a esos países. El poder que tienen el parlamento de Holyrood o la Asamblea de Belfast es gestionar, en temas como la salud o la educación el presupuesto que les llega del sur.

Tras los resultados del referéndum, Cameron prometió una mayor devolución del poder de Westminster para el Parlamento de Escocia, pero que por contra, perderían poder de decisión en Londres. Sin embargo, la devolución no ha llegado y ahora se vota la conocida como EVEL (Votos Ingleses para Leyes Inglesas en sus siglas en inglés).

Si esto se aprueba, el presidente de la Cámara de los Comunes certificará si una ley se aplica exclusivamente a Inglaterra o Inglaterra y Gales, que no cuenta con un poer descentralizado del nivel del norte de Irlanda o Escocia. Así, estas leyes necesitarían la mayoría de votos de parlamentarios ingleses o ingleses y galeses.

Los defensores de los cambios Evel argumentan que es justo a los votantes en inglés debido a que sus diputados no se les permite votar en las asambleas legislativas delegadas de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, pero diputados de esas naciones pueden votar en los Comunes sobre asuntos que sólo afectarán a Inglaterra.

Sin embargo, las críticas son mayoritarias tanto en Escocia como en Irlanda, ya que argumentan que se corre el riesgo de convertir la Cámara de los Comunes en un coto inglés, duplicando los votos de los diputados de la nación. El SNP ha advertido que esto les convierte en «parlamentarios de segunda clase».

La clave de esta oposición se encuentra en que la mayoría de medidas que se toman en Inglaterra y que, en teoría, están destinadas al sur de la isla, tienen su reflejo en los presupuestos que se destinan para el norte de Irlanda o Escocia.