El Gobierno de Lakua, a través del Ente Vasco de la Energía, ha destinado un mínimo de 161.000 euros a un estudio sobre el fracking cuya última versión disponible, aunque todavía confidencial, no recoge el contenido de la ley del Parlamento de Gasteiz sobre la materia, aprobada el 30 de junio de este año, aunque en trámite desde diciembre de 2014. Y es llamativo porque en el informe encargado a la Cátedra de Energía del Instituto Vasco de Competitividad Orkestra sí se menciona –aunque con deficiencias– la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada por las Cortes españolas el 22 de mayo, un mes y una semana antes que la autonómica.

El contrato del encargo del estudio realizado por el EVE a Orkestra establece los puntos en los que debe centrarse el análisis, y el séptimo estipula de forma específica la «regulación básic a de la exploración y extracción de gas no convencional en España y el País Vasco».

En el documento existente ese capítulo pasa a denominarse «Investigación y explotación. Normativa y aspectos regula torios». Dedica 11 páginas a la «normativa española», 5 páginas y media al «marco regulador europeo» y nada menos que 19 páginas y media a la normativa del Reino Unido y de Estados Unidos, que no es de aplicación en la CAV.

Triple filtro de la ley de la CAV

El pasado 30 de junio el Parlamento de Gasteiz aprobó con 45 votos a favor de EH Bildu, PSE y PP,y la abstención de PNV y UPyD, la Iniciativa Legislativa Popular contra el fracking, que determina un triple filtro legal que hace casi imposible el empleo de la fractura hidráulica en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Por una parte se modifica la Ley de Suelo y Urbanismo, por otro se protegen los acuíferos con un añadido en la Ley de Aguas y, por último, se exige una evaluación ambiental estratégica para cualquier empleo de la fractura hidráulica.

Esta ley está amenazada de un recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno español y habrá que ver cuál es su futuro tras las elecciones del mes que viene. Pero todavía está en vigor, aunque hay indicios de que Lakua no se resistirá mucho a su suspensión.

Fallas sobre la ley española

También en la mención a la legislación española aparecen deficiencias extrañas en un informe de estas características y de este coste para las arcas públicas. Por un lado, se le dedica una página y cuatro líneas a la nueva Ley de Hidrocarburos de mayo, pero se dice que reforma la Ley 31/1998 (que reguló la compra de edificios para ampliar el Congreso) cuando se debería referir a la Ley 34/1998. Y, lo que es peor, en las posteriores conclusiones ni se menciona la ley de 2015 y se asegura que ese sector se rige por la Ley 34/1998 y la Ley 12/2007, ya reformadas.

El Gobierno de Lakua encargó este informe, presupuestado en 161.000 euros, al Instituto Orkestra –copatrocinando por EVE, Repsol, Petronor e Iberdrola– que según la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, tiene intención de difundirlo en uno o dos meses.

Contrato con la firma de López Atxurra

La Cátedra de Energía del Instituto Orkestra, autora del informe, tiene entre sus «entidades asociadas» a Iberdrola y el tándem Repsol-Petronor, empresas con intereses económicos en la explotación del gas no convencional. De hecho, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, participa en la firma del contrato del estudio como presidente del Consejo de Patronos. La empresa Repsol controla pozos de fracking en Canadá tras la compra de la firma Talisman. En el Estado español ha gestionado hasta nueve permisos a través de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A.

También Iberdrola tiene interés en el fracking. En diciembre firmaron un acuerdo con la británica Edgon Resources para explotar dos posibles yacimientos en Lincolnshire y en el sur de Yorkshire, en Reino Unido. Además, a través de su filiar estadounidense aspira a participar en la construcción de un gran gasoducto en EEUU para conducir gas no convencional.I.IRIONDO

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