El sindicato LAB ha considerado que la reforma del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas aprobada ayer en las Juntas de Gipuzkoa, con los votos de PNV, PP y PSE, supone «un retroceso en justicia fiscal que satisface los intereses del lobby empresarial».

En un comunicado, LAB ha explicado que, a partir de ahora, los bienes patrimoniales utilizados para el desarrollo de actividades económicas, así como determinadas participaciones empresariales, «quedan totalmente exentas del impuesto y sus propietarios no tendrán que declarar que forman parte de su riqueza personal».

Además, ha recordado que este impuesto «no supone un gravamen para las empresas, porque se trata de un impuesto de carácter personal que grava la capacidad económica derivada de la riqueza acumulada por los contribuyentes más afortunados».

En este sentido, ha opinado que «las exenciones aprobadas no están concebidas para impulsar la economía, ni la creación de empresas, sino para beneficiar a una minoría privilegiada que verá reducida su carga fiscal en detrimento de la recaudación impositiva».

El sindicato ha censurado, además del «impacto recaudatorio» de la reforma aprobada que «configura un impuesto menos equitativo, porque dejan de gravarse con generalidad todos los bienes que forman parte del patrimonio, disminuye la progresividad que el impuesto confiere al sistema tributario» y causa «una importante pérdida de información de gran utilidad para atajar el fraude fiscal».