El fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, ha afirmado que el Código Penal español es «muy claro» y dice que la sentencia tiene que especificar el cargo público al que afecta la inhabilitación, por lo que esta no tendría efecto real. Asimismo, ha recordado que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, en algún caso, como en el del parlamentario Iker Casanova, «ratificando este criterio».

En una entrevista a Onda Vasca, Calparsoro ha subrayado que para que la inhabilitación tuviese validez, la Audiencia Nacional española tendría que haber especificado para qué cargos públicos estaba inhabilitado el exportavoz de Batasuna. En esta misma línea se expreso también la abogada y portavoz de Sortu, Amaia Izko.

El Fiscal Superior ha manifestado que habrá que ver lo que dice en último termino el Tribunal Supremo y ha apuntado que es un tema de «interpretación jurídica», pero el «derecho penal tiene unos principios y un principio es que no cabe hacer una interpretación contra el reo, una interpretación extensiva de las privaciones de derechos». En este sentido, ha recordado que «se está hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a ejercer cargos públicos».

Calparsoro ha subrayado que, al final, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que determine si «una persona que como Otegi que va a salir de prisión y que va a extinguir sus responsabilidas penales en breve, si va tener que seguir cumpliendo otra pena respecto a la cual no se ha cumplido lo que dice el Código Penal».