En una rueda de prensa en Donostia, el responsable de administración local y foral de ELA, Ekaitz Oianguren, y el de la federación de servicios públicos de ELA (Gizalan), Igor Izagirre, han presentado una campaña para «visibilizar y acabar con la precariedad en el sector público».

Oianguren ha denunciado que en los últimos cinco años «se han destruido más de diez mil empleos públicos» en estos tres territorios, a lo que se suma «una tasa de temporalidad muy superior a la media, de hasta «el 50% en algunas administraciones».

En este contexto ha denunciado la existencia de «una administración paralela» gracias a la «política de subcontratación y privatizaciones», que se acomete para «adelgazar el servicio público y favorecer beneficios privados».

«Se han destruido 3.400 empleos públicos, pasando de 31.245 en 2011 a 27.845 en 2015» y para ello se ha recurrido «a la amortización de plazas, la no cobertura de las vacantes existentes, cubriendo con contratos fraudulentos o interinos puestos estructurales y sin sustituir a trabajadores en situación de bajas». Oianguren ha puntualizado que, por ejemplo, «en la Diputación de Bizkaia hay 255 puestos sin cubrir (8,5%) y en el Ayuntamiento de Donostia 103 (7,5%)».

Ha añadido que se utiliza la interinidad «como paso previo a la destrucción de empleos y privatización de servicios públicos». Al respecto, ha indicado que en la Diputación de Araba asciende al 44,3%, en el Ayuntamiento de Gasteiz es del 26%, en la Diputación de Bizkaia del 27,5%, en el Consistorio de Bilbo del 16,7%, en la institución foral guipuzcoana del 32,5% y en el Consistorio donostiarra del 32,6%.

Igor Izagirre ha apuntado que hay «más de 40.000 trabajadores públicos subcontratados», cifra que supera a los empleados propios y que responde a «intereses» de los gobernantes.

El responsable de ELA ha criticado el proyecto de Ley de Empleo Público por «ahondar» en la privatización y precarización, mientras que ha acusado a PNV y PSE de «descafeinar» la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del sindicato sobre contratación pública.

Frente a ello ha apostado por «recuperar el empleo destruido en los últimos años, cubrir las vacantes y crear nuevo empleo público», al tiempo que ha abogado por «limitar la interinidad al 7%, convertir en indefinidos a los trabajadores con más de un año, estabilizar el empleo» y poner en marcha «procesos de equiparación de condiciones laborales y publificación siempre manteniendo el empleo».