Gorka Mayo, Jon Patxi Arratibel y Joxe Aldasoro, en representación de sus compañeros, han entregado a los parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, I-E y PSN un dossier en el que se recogía su caso y en el que se incluía la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condenaba al Estado españo por no investigar la denuncia de torturas de Arratibel y el informe del Comité europeo de Prevención de la Tortura (CPT) que daba credibilidad a las denuncias del resto de detenidos. Los parlamentarios pudieron escuchar también estos testimonios, subrayando que la tortura ha sido una práctica sistemática del Estado español.

Por ello, los enjuiciados han reclamado al Parlamento un pronunciamiento claro en contra de la tortura y que se impulse una investigación para conocer cuántas personas han podido ser víctimas de esta práctica en Nafarroa.

Asimismo, han pedido el fin de los juicios políticas para poder avanzar en la resolución del conflicto. En este sentido, han recordado que en las últimas causas políticas han sido procesados 83 personas, de las que han sido absueltas el 97,6%. Pese a ello, estas personas han sufrido más de 100 años de cárcel preventiva. Además, todas las denuncias por torturas han sido archivadas, se han tenido que pagar fianzas millonarias y se han registrado dilaciones de procesos de hasta cinco años.

Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha mostrado su apoyo a las demandas de los procesados y ha lamentado que UPN y PP no acudieran a la comparecencia «porque se avergüenzan, son incapaces de escuchar estos testimonios de primera mano». También María Solana (Geroa Bai) ha lamentado estas ausencias y ha defendido la necesidad del diálogo para poder avanzar. 

Rubén Velasco (Podemos) ha defendido la necesidad de suprimer «las leyes de excepción que permiten la incomunicación» y José Miguel Nuin (I-E) se ha mostrado convencido de que la tortura se practica en el Estado español, lo que ha calificado como «incompatible con los valores democráticos y el Estado de derecho».

Inma Jurío (PSN) ha negado que la Audiencia Nacional sea un tribunal de excepción y la existencia de juicios políticos en el Estado español. Ha defendido la incomunicación «para algunos delitos», pero ha abogado aplicar los mecanismos necesarios para evitar que se practique la tortura.