La «Ley 25» es la propuesta estrella de Podemos para hacer frente a la emergencia social y la formación de Pablo Iglesias quería utilizar su toma en consideración para exhibir lo que, a su juicio, sería un gobierno «de cambio» con PSOE y Unidad Popular y apoyado desde el exterior por las formaciones vascas (esencialmente PNV) y catalanas. Durante el debate, sin embargo, quedó en evidencia que lo que se discute no es legislativo sino electoral. Isabel Rodríguez, del PSOE, dedicó toda su intervención a desacreditar a la formación morada, en formas y en fondo. Sin embargo, anunció un voto favorable como regalo envenenado: «no se podrá llevar a cabo porque no habrá Gobierno. Prefieren votar con el PP para que (Mariano) Rajoy siga como presidente», resumió.

La discusión también mostró otra carencia importante. Los partidos soberanistas de izquierdas (EH Bildu y ERC) coincidieron con Podemos en el objetivo de garantizar derechos sociales, pero advirtieron de lo que Joan Tardá calificó como «jacobinismo» de los morados. Marian Beitialarrangoitia, por su parte, pidió reciprocidad y recordó que el Estado ha recurrido leyes en la CAV y Nafarroa que buscaban, precisamente, lo que Iglesias llevó al Congreso.

Si hay elecciones, nada de lo que ahora se debata podrá ser implementado. Otro arma arrojadiza en el «juego de la culpa».