Así se recoge en un acuerdo aprobado por el Ejecutivo, por el que se aprueba la firma de un convenio para este fin con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).
En concreto, el CGPJ comunicará al Gobierno los casos en que una persona se pueda encontrar en situación de exclusión social debido a un desahucio sobre una vivienda en propiedad o sobre una vivienda alquilada.
A partir de entonces, el Ejecutivo activará sus programas de protección, centrados especialmente en concesión de ayudas de emergencia, mediación en materia de vivienda (con entidades financieras, en caso de vivienda en propiedad, o con la propiedad, en caso de vivienda el alquiler), y acceso a arrendamientos en viviendas del Fondo foral de vivienda social, de la bolsa de alquiler o de viviendas protegidas.
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